Curso Online del Dr. Ricardo A. Foglia y Maira C. Rita

RÉGIMEN LEGAL DEL TELETRABAJO. Aspectos claves y consecuencias prácticas

En el presente curso se analizan las novedades que introduce la Ley 27555 que, particularmente, regula la modalidad laboral del Teletrabajo. A través de los 3 módulos, los Dres. Ricardo Foglia y Maira Rita –reconocidos especialistas en la materia– profundizan en los aspectos claves del Teletrabajo, sus notas tipificantes, las nuevas disposiciones previstas en la norma, la legislación comparada, las posibles ventajas y controversias como, también, el auge de esta modalidad que emergió, de hecho, en el contexto de la pandemia. Finalmente, se delinearán las consecuencias prácticas esperables, tanto en el ámbito individual como colectivo del Derecho del Trabajo.

VER VIDEO PRESENTACIÓN

Para inscribirse acceder al siguiente Link:

https://www.eldial.com/publicidad/mailings/diciembre2020/Foglia_Rita_Teletrabajo_no_clientes.html

Novedad legislativa. Dispensa laboral: Cuidado de hijos en edad escolar

El día 24.12.2020 se publicó en el B.O. la Resolución 1103/2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL mediante la que se estableció que, a partir del 1º de enero de 2021 y por el lapso durante el cual se extienda el receso escolar de verano en cada jurisdicción, no será de aplicación la dispensa laboral para cuidado de hijo menor en edad escolar (Artículo 3º de la Resolución 207/2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL)

Es decir que desde el 01.01.2021, la madre, padre o tutor que no presta tareas, por ser su presencia en el hogar indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente menor de sin clases hasta el nivel secundario, deberá reintegrarse a sus laborales normales y habituales.

Fuente: Foglia Abogados , 28 de Diciembre de 2020

Asociación Argentina del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

El Dr Ricardo A. Foglia fue nombrado como miembro de la comisión directiva Asociación Argentina del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Resultado Asamble Ordinaria. Nueva integración de la Comisión Directiva.

Nombramiento: https://www.aadtyss.org.ar/files/calendario/98/Resultado%20de%20la%20Asamblea%20(1).jpg

Fuente: Foglia Abogados , 11 de Diciembre de 2020

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

UNICAMENTE LOS SINDICATOS CON PERSONERA GREMIAL PUEDEN CONCERTAR CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

Así lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el 3 de Septiembre de 2020 en el caso “ADEMUS y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Salta y otro s/ amparo sindical”.

En el caso la Municipalidad de Salta suscribió  una Convención Colectiva de Trabajo (CCT) con la Unión de Trabajadores Municipales de Salta (UTMS), entidad sindical que tiene personería gremial (CCT 1413/14 “E”).

Dicha CCT fue homologada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEYSSN) mediante Resolución 2061/14.

La Agremiación de Empleados Municipales de Salta (ADEMUS), con la adhesión de la Asociación de Trabajadores Municipales de la Ciudad de Salta (ATMCS) y del Sindicato de Trabajadores Municipales de Salta (STMS),  impugnaron la Resolución homologatoria del MTEYSSN, por cuanto ADEMUS había sido excluida de la negociación vulnerándose su libertad sindical  amparada  por el art. 14 bis. de la Constitucional Nacional[1], diversos Tratados Internacionales y el  art. 31 inc. a) de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales (LAS) que dice “Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial: a) defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores…”. Sostuvo, además, que el MTEYSSN había resuelto en contra de  jurisprudencia de la CSJN[2].

El Juzgado de Primera Instancia y la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta dictan Sentencia a favor de la parte actora para lo cual declaran la inconstitucionalidad del citado inc. a) de la ley 23.551.

Contra esa Sentencia UTMS interpone recurso extraordinario el que es concedido por la citada Sala.

La Corte Suprema en su sentencia revoca la decisión de la Cámara expresando que a la cuestión no le era aplicable el inciso a) del art. 31 de la LAS, sino el inciso c) de esa norma que dice que dice “Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial: c) Intervenir en negociaciones colectivas…”

Y respecto de esta norma (que considera aplicable al caso) expresó que no resultaba inconstitucional, de forma tal que ratificó que las únicas entidades habilitadas para negociar y acordar CCT son aquellos sindicatos que tienen personería gremial.


[1] Dice en su parte pertinente (segundo párrafo)  “Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo…”

[2] Casos “ATE” fallos 331:2499, 2008; “ATE” 332:2715, 2009 y  “Nueva Organización” del 24/11/2015)

Leer mas notas de Interés en Foglia Abogados  

El 30 de noviembre 2020, se publicó en el Boletín Oficial el DNU 961/2020 mediante el que se amplió hasta el 25 de enero de 2021 la emergencia pública en materia ocupacional.

En consecuencia, hasta el 25 de enero de 2021, en caso de despido sin justa causa, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad con los términos del artículo 3° del Decreto N° 34/19 y la legislación vigente en la materia.

Recordamos que esta duplicación indemnizatoria no es aplicable a ingresos posteriores al 13 de diciembre 2019.

link a la norma Acá

Leer mas notas de Interés en Foglia Abogados  

ES CONSTITUCIONAL LA PROHIBICION DE AGREMIACIÒN DE LOS AGENTES DEL SERVICIO PENITENCIARIO

Ello es lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el 13 de agosto de 2020 en la causa “Reartre, Adriana Sandra y otro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ amparo – recurso de apelación”.

El eje de la cuestión giró sobre el art. 19 inc. 10 de la ley 8231 (ley del Servicio Penitenciario provincial) de la Provincia de Córdoba que prohíbe a los agentes penitenciarios “Agremiarse o efectuar proselitismo sindical, o político en el ámbito de la institución”.

La actora y la Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba inician un amparo solicitando que se declare la inconstitucionalidad de esa norma por ser contraria a la libertad sindical amparada por el art. 14 bis de la Constitución Nacional[1] y otras normas internacionales.

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba no hizo lugar el planteo y sostuvo la constitucionalidad de la citada norma.

Dicho fallo fue objeto de recurso extraordinario por la parte actora, el cual fue denegado por el Tribunal Superior.

La Corte Federal admitió el recurso y señaló que el reconocimiento al derecho a la sindicalización de los integrantes de los cuerpos de seguridad se encuentra condicionado a que no haya una norma que lo prohíba o restrinja (como el caso de la ley citada) y que esa prohibición o restricción no es inconstitucional.

El caso sigue el criterio que había adoptado respecto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el caso “Sindicato Policial de Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de asociaciones sindicales[2]


[1] El primer párrafo dice que las leyes”….aseguraran al trabajador…..” la “…organización libre y democrática, reconocida por la simple inscripción es un registro especial”.

[2] Fallos 340:437.

Leer mas notas de Interés en Foglia Abogados  

NOVEDADES: PROHIBICION DE DESPIDOS

NUEVA EXTENSIÓN PROHIBICION DE DESPIDOS – EXCEPCIONES

En el día de la fecha, 16/11/2020, se publicó en el Boletín Oficial y entró en vigencia el DNU 891/20 que prorrogó por 60 días más la prohibición de despidos sin justa causa como así también las extinciones y  suspensiones por causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo.

Los despidos y/o suspensiones que se realicen en violación a esta prohibición, no tendrán efecto por lo que las relaciones laborales se mantienen con sus actuales condiciones.

Al igual que lo establecido normas anteriores, estas prohibiciones no se aplican a contrataciones posteriores a su entrada en vigencia. Es decir que se mantiene la facultad del empleador, aplicándose el régimen general de la LCT, de desvincular a cualquier trabajador ingresado con un contrato por tiempo indeterminado a partir del 29/07/2020.

Esta legislación no se aplica al Sector Público Nacional, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran.

Una vez más, quedaron exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis LCT.

De esta manera, la prohibición de despidos para contrataciones anteriores al 29/07/2020 quedó prorrogada hasta el 25/01/2021.

Finalmente recordamos que la duplicación indemnizatoria se encuentra vigente hasta el 07/12/2020.

Se acompaña link para acceder al DNU 891/20

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237309/20201116

Leer mas notas de Interés en Foglia Abogados         

ES OBLIGATORIO APLICAR LAS TABLAS DE INCAPACIDAD

Uno de los problemas históricos en la reparación de los infortunios del trabajo es la dispersión de criterios para fijar los porcentajes de incapacidad causados por el evento.

Esta circunstancia permitía que dos situaciones similares dieran lugar a porcentajes de incapacidad diferentes lo cual, como es evidente, afecta el principio de igualdad.

El Decreto del año 1916 reglamentario de la ley 9688 tasaba los porcentajes de incapacidad en base a la lesión y la afectación del órgano padecida por la víctima.

La jurisprudencia no aplicaba las citadas tablas, incompletas por cierto, y otras que algunas instituciones públicas y privadas elaboraban para fijar algún criterio, con el argumento que las mismas no eran obligatorias para los jueces. Eran, se decía, una mera referencia. Este criterio, vale señalar, era también el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para solucionar esta cuestión, y darle alguna previsibilidad al sistema, la Ley de Riesgos del Trabajo 24.577 (LRT) del año 1995, estableció que para calcular las indemnizaciones establecidas por la misma, las incapacidades debían ser tasadas conforme una tabla de incapacidades (arts. 11, 14, 16 y 18 LRT), elaborada por el Comité Consultivo Permanente (art. 40 ap. 2 inc. c)).

En el año 1996  el decreto 659/96 estableció dicha tabla.  

A pesar de ello la jurisprudencia mantuvo el criterio que la misma no era obligatoria, sino indicativa u orientativa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Ledesma”[1] cambia de criterio y establece que es obligatorio para los jueces aplicar la tabla de incapacidades de la LRT para calcular las indemnizaciones de la misma.  Ello debería ser siempre así, para garantizar un “tratamiento igualitario” a los damnificados.

De esta manera, en forma indirecta el Tribunal señaló que las incapacidades fijadas por la tabla integraban la fórmula de cálculo de las indemnizaciones.                                                                                                                                                                                                                      

Leer mas notas de Interés en Foglia Abogados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


[1] CSJN, 12/11/2019, “Ledesma, Diego Marcelo c/ Asociart ART S.A. s/ accidente – ley especial”.

Artículo del Dr. Ricardo A. Foglia para “la Ley”

Sobre la exigencia de certificados médicos de COVID-19 a los trabajadores

I. Qué dispone la resolución
La resolución conjunta del epígrafe, publicada en el BO del 18/08/2020, establece que los empleadores no pueden exigir a los trabajadores que ingresan o que se reintegran a sus tareas “certificaciones médicas o estudios relativos al COVID-19”.


II. Fundamentos
Como fundamentos de la decisión se señalan dos: la ley 26.529 (1) sobre los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud y el derecho del trabajador a no ser discriminado.


III. Aspectos constitucionales de una resolución ministerial que se define como “interpretación auténtica” de varias leyes.

La resolución expresa que, con la finalidad de resolver situaciones planteadas(que no individualiza) por el requerimiento de certificados o estudios de COVID-1 por parte de los empleadores, ella se dicta para brindar “una respuesta conjunta, que aclarare debidamente la cuestión, en una interpretación auténtica de la normativa reseñada, proveniente de los órganos que participaron en su creación”.

En “Frugoni Zavala” (58), de 1935, convalidó una ley que rebajaba las jubilaciones acordadas y sostuvo que ello “no atenta contra las garantías del art. 17 de la CN, ni afecta los principios contenidos en el art. 3º del Cód. Civil, por tratarse de una ley de orden público”.

Continuar la Nota completa