PROBLEMAS DE EMPLEO

septiembre 5, 2019 | Por Ricardo Foglia

La Republica Argentina tiene, desde hace muchos años, problemas estructurales de empleo que se ven agravados por periódicas crisis económicas recurrentes.

Si bien la economía es un dato central, el sistema de relaciones laborales argentino, tal como está concebido hoy y desde hace muchos años, no es un factor que propicie la creación y mantenimiento del empleo

Son varios los hechos que generan esa situación.

Un hecho no menor es la venerable  antigüedad del sistema normativo regulador de las relaciones laborales. La Ley de Contrato de Trabajo tiene una antigüedad de 45 años, con lo cual resulta absolutamente desactualizada ya que la realidad productiva de la década del 70 es muy diferente a la actual. Basta pensar solamente que en esa época no existía internet, el teléfono celular, la inteligencia artificial, redes sociales digitales, plataformas digitales, clonación de seres vivos  el DVD, el contestador automático, el sistema de GPS satelital público, hardware móvil, nanotecnología, las redes sociales Otros ejemplos de vetustez son las leyes de jornada de trabajo que es del año 1929, la de negociación colectiva del año 1953 (con leves retoques) la ley de asociaciones sindicales del año 1988, la ley de obras sociales de 1989.

Si las relaciones laborales fueran dinámicas y creativas resultaría impensable que subsistieran convenciones colectivas de trabajo suscriptas en el año 1975.

Esa divergencia entre normas pensadas para una realidad productiva, organizativa y tecnológica que ya no existe más genera litigios interpretativos  y obliga a jueces a efectuar malabares, estiramientos, acortamientos e interpretaciones de todo tipo para adecuar al año 2019 disposiciones del año 1974 y aun anteriores, como la ley de jornada del año 1929. De esta forma se produce una suerte de lecho de procusto jurisprudencial.

Además impone recaudos que resultan anacrónicos en función de los avances tecnológicos como libros y planillas (art. 6 ley 11.544, arts. 52 y 53 LCT), certificados sin ninguna utilidad (art. 80 LCT)  firmas autógrafas (art. 59 LCT) y telegramas (art. 240 LCT) entre otros.

Como la ley no distingue entre las empresas en función de su tamaño y posibilidades económicas de forma muchas de esas obligaciones, pensadas en su momento para la gran empresa industrial centralizada, son insoportables para las pequeñas y medianas empresas. Además del régimen impositivo y tributario. Y esto lleva a que trabajo no registrado, que actualmente oscila en el 40%,  se  concentre en las pequeñas empresa.

La LCT tiene sistemas de protección antiguos e irreales como prometer indemnizaciones en caso de quiebra de una empresa (art. 251 LCT),  o que el despido en caso de matrimonio tenga un diferente trato si la contrayentes es mujer u hombre (art. 181 LCT)  y o que no se considere la licencia por paternidad como forma de proteger a la mujer equiparando la situación de las parejas. Tampoco que no se considere las uniones civiles y las derivaciones del matrimonio igualitario o las discriminaciones por género ya que la LCT solo se refiere al sexo (art. 81 LCT) que no son contempladas en el texto de la LCT.

Todo ello conspira contra la creación de empleo,  y cualquier crisis produce la rápida destrucción de puestos de trabajo, ya que al bajar la productividad desciende la necesidad de mano de obra, puestos que luego cuesta mucho recuperar.

La vinculación entre la economía, la forma y organización del trabajo, las nuevas tecnologías y el derecho del trabajo es innegable.

Las normas citadas rigieron con dignidad las relaciones laborales durante muchos años, pero creemos que merecen un a exequias dignas.

Sin temores se debe avanzar hacia un nuevo marco normativo que brinde protección al trabajador adecuada a la situación actual, pues es el espíritu y la razón de ser del derecho del trabajo, y que sea además, un factor de creación de empleo genuino, hecho este que, en definitiva redundará en favor de los trabajadores.

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