El fallo «Pastore» de la CSJN y la ratificación por partida doble de «Cairone»
Cuestión resuelta por la Corte Federal:
En los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Pastore, Adrian c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/ despido” el Alto Tribunal revoco dos Sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Salas VI y IX), que se habían apartado del criterio establecido precedente “Cairone, Mirta Griselda c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires – Hospital Italiano s/ despido” (CSJN 19/02/2015).
Cabe señalar que en el fallo “Cairone” la Corte Federal, haciendo suyo el dictamen de la Procuración Fiscal, consideró que las “…circunstancias particulares y singulares del vínculo entre el anestesiólogo y la Sociedad Italiana de Beneficencia…” desdibujan “…la figura del trabajador…” dependiente y por ende no media entre las partes un contrato de trabajo.
Antecedentes del caso “Pastore”:
En el caso comentado el actor, inicia demanda contra la Sociedad Italiana de Beneficencia sosteniendo que las tareas que había cumplido para el Hospital Italiano, como médico anestesista, eran de naturaleza laboral.
La Sentencia de Primera Instancia rechaza la demanda.
La primera Sentencia de Cámara (Sala VI):
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) en Sentencia del 31 de mayo de 2012, revoca la Sentencia de grado y acoge el reclamo por considerar que entre el actor y la asociación demandada había existido un contrato de trabajo revistiendo el Sr. Pastore el carácter de empleado en relación dependencia de aquella.
En tal sentido dice que “…el actor se encontraba inserto en una organización ajena de manera orgánica, estable y continuada en el cual las partes se encontraban vinculadas por un contrato de trabajo…”.
La demandada interpone contra el decisorio recurso extraordinario, el que es denegado.
La Primera Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
Frente a la denegatoria de recurso extraordinario el accionado deduce recurso de queja.
El 5 de febrero de 2014 la Procuración General de la Nación emite el dictamen propiciando declarar procedente la queja y revocar la Sentencia en crisis con fundamento, y remisión, a lo dictaminado el día 3 de febrero de 2014 en el caso “Cairone”, esto se inclina por la no configuración en el caso de una relación de dependencia.
El 19 de febrero de 2015 el Alto Tribunal emite su pronunciamiento en esa causa (“Cairone”) adhiriendo al citado dictamen.
Ese mismo día la Corte Federal en el caso “Pastore” declara procedente el recurso extraordinario, y deja sin efecto la Sentencia de la Sala VI con remisión a “…las consideraciones y conclusiones expresadas en la causa CSJ 1468/2011 (47 – C) “Cairone, Mirta Griselda c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires – Hospital Italiano s/ despido”, a las que corresponde remitir – en lo pertinente-, en razón de brevedad”.
En consecuencia dispone que se dicte un nuevo fallo.
La segunda Sentencia de Cámara (Sala IX):
La Sala referida comienza expresando, con cita de Sagues, que cuando la Corte Suprema deja sin efecto un fallo se pueden presentar dos supuestos, uno de ellos que reenvié el caso a un tribunal para emita un nuevo pronunciamiento o y el otro que la Corte se expida sobre el fondo de la cuestión.
Señala que en el caso la misma opto por la primera alternativa y agrega que “La idea del reenvío se asienta en impedir que se pueda afectar el ejercicio de la potestad jurisdiccional de Tribunal de la causa (Fallos 289-107), para no desapoderar al Tribunal de origen del conocimiento de la causa (Fallos 231-41) y preservarse, así, las autonomías locales (fallos 204-391)”.
En base a ello, y a la “laxitud extrema a las pautas expuestas en “Cairone”” y a que se trata de una cuestión de derecho común de hecho y prueba, la Sala expresa que debe analizar si de las probanzas de autos surge que el demandante estaba vinculado, o no, con la demandada por un contrato de trabajo o por una locación de servicios.
Respecto de este último contrato, y para descartar esa posibilidad, se expresa que el “…el contrato de locación de servicios no existe más en ningún ámbito del derecho…” y que si existiera el mismo resultaría inconstitucional. En este sentido el fallo sigue el criterio sustentado por la Sala VII en la sentencia “Rica, Carlos c/ Hospital Alemán y otros s/ despido”y que fuera dejado sin efecto por la Corte Federal (CSJN 24/4/2018) que señalo al respecto que “Esa afirmación del tribunal a quo es meramente dogmática y no reconoce basamento normativo alguno” (Considerando 5°)[1].
Con fundamento en ello, y del análisis de las pruebas la Sala considera que el Sr. Pastore era empleado en relación de dependencia de la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires.
Cabe destacar que el Magistrado Mario Fera no voto en esa Sentencia.
Contra el mismo la perdidosa interpuso recurso extraordinario, el que fue denegado.
La segunda Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
Con fecha 16 de abril de 2019 la Corte Suprema dicta sentencia por mayoría (el juez Rosatti no vota) y revoca el fallo de la Sala IX y confirma el pronunciamiento dictado en Primera Instancia por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 48 que, como se expresara, había rechazado la acción instaurada.
Para habilitar el recurso señala que “…la interpretación de las sentencias de la Corte Suprema en las mismas causas en que ellas hay sido dictadas constituye cuestión federal suficiente” (Considerando 4°). Cabe señalar que esta era la segunda vez en que la Corte intervenía en la contienda.
La Corte Federal en este caso decide resolver en definitiva la cuestión, sin necesidad de intervención de otra Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con fundamento en los principios de economía y celeridad procesal ya que el pleito llevaba 7 años desde su iniciación lo cual genera “un estado de incertidumbre” que considera conveniente despejar (Considerando 7°).
En cuanto al fondo de la cuestión, el Alto Tribunal considera que la Sentencia en crisis importa un claro apartamiento de un fallo de la misma, sin que se hubieran aportado nuevos elementos que permitieran mutar el criterio fijado por la mismaen el caso “Cairone” (Considerando 7).
En este sentido se refiere a las cuestiones que ya habían sido analizadas en el fallo “Cairone” para resolver que entre el anestesista y la Sociedad de Beneficencia no había relación laboral, y que son las mismas, señala, que se configuran en el caso comentado (Considerandos 5°, 6° y 8°).
Por ello según la Corte Federal el tribunal interviniente efectuó una interpretación sesgada del “material probatorio” para apartarse del criterio de la misma fijado en “Cairone”.
La particularidad del caso es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el juicio “Pastore” tuvo que intervenir dos veces para una misma cuestión y en el mismo litigio para que un criterio de la misma, expresado en un caso idéntico al debatido (“Cairone”), fuera aceptado. Adviértase que ya en la primera intervención el Alto Tribunal dejo sin efecto una Sentencia que se había aparatadodel criterio del citado precedente, a pesar de lo cual otra Sala vuelve a apartarse del mismo lo que dio lugar a que la Corte Federal recurriera al poco común procedimiento de dictar Sentencia confirmando el fallo de Primera Instancia que había rechazado la demanda.
Fuente: https://abogados.com.ar
Tasa de interés aplicable a un crédito laboral Comentario al fallo “Bonet” de la Corte Suprema.
I. La cuestión decidida por la Corte Federal
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de haber resuelto que la cuestión relativa a la tasa de interés no es una cuestión federal y por ende no corresponde la intervención del Alto Tribunal, vuelve sobre sus pasos y en el fallo comentado declara que sí es una cuestión federal cuando el resultado de aplicar una tasa de interés resulta irrazonable y desproporcionado en función de la realidad económica.
Es indudable que la elevada inflación que se registra desde hace tiempo en nuestro país ha vuelto a poner sobre el tapete un tema tan sensible, y de múltiples efectos, como es la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Esta tensión entre la inflación, la repotenciación de créditos y la tasa de interés no es nueva, y ha dado lugar a diferentes respuestas jurídicas a través del tiempo, en general insatisfactorias por exceso o por defecto, ya que en realidad se trata de un fenómeno esencialmente económico con efectos jurídicos.
Como señala Boffi Boggero (1): “Se plantea en esta materia comúnmente un problema de confusión de planos cuando los autores realizan minuciosas incursiones sobre economía política o finanzas, materias que se desenvuelven en el campo de las comúnmente llamadas ‘ciencias naturales’ y, por ende, responden a la ley causal. Como el derecho civil vive en las denominadas ‘ciencias culturales’ y su naturaleza es ‘normativa’, lo máximo que se puede hacer al respecto es formular breves nociones sobre los aspectos económicos y financieros del dinero para penetrar después en el examen jurídico…”.
II. La ley civil
II.1. El Código Civil de la República Argentina (ley 340)
El Código Civil estructuró el régimen de las obligaciones de dar sumas de dinero según se tratara de moneda de curso legal en la República Argentina o de aquellas que no lo tuvieran.
Sólo nos referiremos a las monedas de curso legal, que a la sazón eran varias, respecto de las cuales el Código Civil receptó la tesis nominalista, esto es, que el dinero tiene el valor que el Estado le asigna. Tal es lo que surge del art. 619 y de la nota a dicho artículo que, en su parte final, descarta las cláusulas de ajuste del valor de la moneda (2).
Boffi Boggero (3) dice que “Dejando de lado el caso de que se hubiese estipulado como condición sine qua non una especie de moneda nacional, en cuyo caso el deudor carece de la opción que surge de la redacción de la norma (…) si se convino en una cantidad de pesos moneda nacional, deberá pagarse en la misma cantidad, sea ella considerablemente mayor o considerablemente menor en poder adquisitivo que la anterior. La ley pone el acento en la igualdad numérica y no se fija en la desigualdad del poder adquisitivo”.
La forma prevista por el codificador para preservar el valor de la moneda y resarcir al acreedor por el incumplimiento del deudor es la tasa de interés, difiriendo su fijación al convenio de las partes, a la ley o a la determinación judicial. La tasa de interés moratoria integra el resarcimiento de los daños y perjuicios en el caso de las obligaciones de dar sumas de dinero.
El Dr. Ricardo Foglia, disertara sobre la evolución del trabajo humano, tanto del trabajo para sí al trabajo para otros.
Temas:
- La primera crisis: las perdidas del trabajador.
- La segunda crisis: el maquinismo.
- La tercera crisis: la introducción de tecnología en los procesos del trabajo.
- La oferta supero a la demanda. La cuarta crisis: el reemplazo inteligente.
- ¿Es la crisis final del trabajo?. ¿Que hacer?. La crisis del trabajo/valor.
| Fecha: 12 de junio de 20199:30 a 11:15 hs. Lugar: Sala la Ley Tucumán 1471, 1er piso. RSVP a: sabrinanoemi.rojas@thomsonreuters.com |
El pasado 17/05/2019 se publicó en el B.O. la Resolución 346/2019 del Ministerio de Producción y Trabajo (entra en vigencia el próximo 27/05/2019) que estableció que los empleadores podrán optar por emitir, indistintamente, recibos de pago en concepto de salarios u otras formas de remuneración al personal en relación de dependencia en formato papel o digital. Ya no se requiere autorización previa por parte de ese Ministerio. Las empresas que ya cuentan con la autorización quedarán incluidas en este nuevo régimen.
En caso de optarse por recibos de pago digitales, el empleador deberá arbitrar los medios necesarios a efectos de que los mismos sean firmados digitalmente, tanto por él como por el trabajador.
El sistema utilizado por la empresa deberá contemplar la posibilidad de que el trabajador pueda :
- Salvar sus recibos de haberes digitales (no se entiende a que se refiere el términos “salvar”, el que interpretamos podría ser grabar)
- Guardar copia de ellos
- Firmar en disconformidad
Si bien el objetivo de la norma es positivo ya que tiende a modernizar y desburocratizar las relaciones laborales advertimos algunos cuestiones a resolver.
No estaría permitido el recibo digital para el pago de indemnizaciones puesto que su naturaleza no es salarial ni remunerativa. Lo mismo para conceptos no remunerativos como los que se pueden acordar en el marco de paritarias o el reintegro de viàticos contra comprobante o convencionales.
Pero el punto más importante es que el recibo requiere la firma “digital” por parte del trabajador. Esto significa que cada trabajador deberá obtener un certificado digital de su firma, trámite complejo especialmente para las empresas con gran cantidad de empleados o con un alto índice de rotaciòn. Podría incluso transformarse en una norma de difícil cumplimiento.
El régimen anterior permitía que el trabajador firme electrónicamente los recibos. Esta firma tiene eficacia jurídica pero en caso de que el empleado no la reconozca la empresa deberá acreditar su validez.
Sería importante entonces que la Secretaría de Trabajo, en su facultad de dictar normas aclaratorias y complementarias, permita los recibos digitales para todo tipo de pago del empleador al trabajador y autorice la firma electrónica del empleado.
El Profesor Ricardo A. Foglia dará una clase el día 27 de mayo en el Colegio de Abogados de San Isidro.
Temas:
- Constitucionalidad de la instancia administrativa previa de la ley 27348.
- Criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la tasación de los daños y la tasa de interés aplicable.
- La vía indemnizatoria contractual (art.. 75 LCT) de los infortunios del trabajo.
Mas Información Aquí
En nombre de La Cámara de Comercio de los Estados Unidos, tengo el agrado de comunicarle que vuestra solicitud de ingreso a nuestra Cámara ha sido aprobada por el Directorio de la institución en el corriente mes, siendo su condición de socio “ACTIVO – CATEGORIA 2” a partir de este momento.
