La Republica Argentina tiene, desde hace muchos años, problemas estructurales de empleo que se ven agravados por periódicas crisis económicas recurrentes.

Si bien la economía es un dato central, el sistema de relaciones laborales argentino, tal como está concebido hoy y desde hace muchos años, no es un factor que propicie la creación y mantenimiento del empleo

Son varios los hechos que generan esa situación.

Un hecho no menor es la venerable  antigüedad del sistema normativo regulador de las relaciones laborales. La Ley de Contrato de Trabajo tiene una antigüedad de 45 años, con lo cual resulta absolutamente desactualizada ya que la realidad productiva de la década del 70 es muy diferente a la actual. Basta pensar solamente que en esa época no existía internet, el teléfono celular, la inteligencia artificial, redes sociales digitales, plataformas digitales, clonación de seres vivos  el DVD, el contestador automático, el sistema de GPS satelital público, hardware móvil, nanotecnología, las redes sociales Otros ejemplos de vetustez son las leyes de jornada de trabajo que es del año 1929, la de negociación colectiva del año 1953 (con leves retoques) la ley de asociaciones sindicales del año 1988, la ley de obras sociales de 1989.

Si las relaciones laborales fueran dinámicas y creativas resultaría impensable que subsistieran convenciones colectivas de trabajo suscriptas en el año 1975.

Esa divergencia entre normas pensadas para una realidad productiva, organizativa y tecnológica que ya no existe más genera litigios interpretativos  y obliga a jueces a efectuar malabares, estiramientos, acortamientos e interpretaciones de todo tipo para adecuar al año 2019 disposiciones del año 1974 y aun anteriores, como la ley de jornada del año 1929. De esta forma se produce una suerte de lecho de procusto jurisprudencial.

Además impone recaudos que resultan anacrónicos en función de los avances tecnológicos como libros y planillas (art. 6 ley 11.544, arts. 52 y 53 LCT), certificados sin ninguna utilidad (art. 80 LCT)  firmas autógrafas (art. 59 LCT) y telegramas (art. 240 LCT) entre otros.

Como la ley no distingue entre las empresas en función de su tamaño y posibilidades económicas de forma muchas de esas obligaciones, pensadas en su momento para la gran empresa industrial centralizada, son insoportables para las pequeñas y medianas empresas. Además del régimen impositivo y tributario. Y esto lleva a que trabajo no registrado, que actualmente oscila en el 40%,  se  concentre en las pequeñas empresa.

La LCT tiene sistemas de protección antiguos e irreales como prometer indemnizaciones en caso de quiebra de una empresa (art. 251 LCT),  o que el despido en caso de matrimonio tenga un diferente trato si la contrayentes es mujer u hombre (art. 181 LCT)  y o que no se considere la licencia por paternidad como forma de proteger a la mujer equiparando la situación de las parejas. Tampoco que no se considere las uniones civiles y las derivaciones del matrimonio igualitario o las discriminaciones por género ya que la LCT solo se refiere al sexo (art. 81 LCT) que no son contempladas en el texto de la LCT.

Todo ello conspira contra la creación de empleo,  y cualquier crisis produce la rápida destrucción de puestos de trabajo, ya que al bajar la productividad desciende la necesidad de mano de obra, puestos que luego cuesta mucho recuperar.

La vinculación entre la economía, la forma y organización del trabajo, las nuevas tecnologías y el derecho del trabajo es innegable.

Las normas citadas rigieron con dignidad las relaciones laborales durante muchos años, pero creemos que merecen un a exequias dignas.

Sin temores se debe avanzar hacia un nuevo marco normativo que brinde protección al trabajador adecuada a la situación actual, pues es el espíritu y la razón de ser del derecho del trabajo, y que sea además, un factor de creación de empleo genuino, hecho este que, en definitiva redundará en favor de los trabajadores.

El artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) establece que quienes contraten con terceros trabajos o servicios que hagan a su “actividad normal y específica propia” serán responsables por las deudas laborales y de la seguridad social que tuvieren esos contratistas (o subcontratistas) con sus trabajadores.

El término que se señala entre comillas ha traído no pocas dificultades y ha dado lugar a números pleitos e interpretaciones contradictorias.

La jurisprudencia paulatinamente, desde la sanción de la norma, fue adoptando un criterio cada vez más amplio responsabilizando al contratante que subcontrataba actividades tales como transporte de caudales, concesionarios de servicios de comedor en clubes y planta, empleados de empresas de servicios de posventa,  empleados del franquiciado, custodia y traslado de valores, limpieza de oficinas, taras de seguridad realizadas por una empresa en el estacionamiento de un supermercado, empresa contratista de auxilios mecánicos, empresa contratista de tendidos de redes, contratistas de empresas gerenciadoras de servicios médicos entre muchos otros.

Con la finalidad de poner un “quietus” a la cuestión y limitar los alcances de la responsabilidad solidaria la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en el año 1993, en el caso “Rodríguez, Juan c/ Compañía Embotelladora SA”  excluyo del alcance de la norma cuando “…un empresario suministre a otro un producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución”. Así en los contratos de concesión, distribución y otros similares el concedente o distribuidor no era responsable solidaria por las deudas laborales que los concesionarios o distribuidores tuvieren con sus trabajadores.

Luego la CSJN incluyo en la exclusión de la responsabilidad solidaria a las tareas de descarga de los buques (casos “Luna” 2/7/1993 y ”Gauna” del 14/3/1995), a los promotores de planes de captación de clientes para allegar fondos a una empresa ( caso “Farace” del 9/12/1993), servicios de gastronomía en una empresa automotriz (“Encinas”, 25/10/1998), el servicio de transporte de aguas y cañerías para una empresa petrolera (fallo “Benítez”, 16/03/1999), a los trabajadores de los concesionarios de un servicio de gastronomía (sentencia en “Escudero” 14/09/2000) y al club de futbol por los empleados de la concesionaria de venta de bebidas durante los espectáculos deportivos ( fallo “Fernández”,  19/11/2002)tareas de gestoría (“caso “Páez” 18/10/2006), , entre otros.

A pesar del criterio restrictivo de esos fallos, la mayoría de los  tribunales inferiores a la  CSJN continuaron interpretando y aplicando la norma (art. 30 LCT) en forma amplia.

En el año 2009 (22/12/2009) en el caso “Benítez, Horacio O. c. Plataforma Cero S. A. y otros” la propia CSJN deja de lado todos los criterios que había fijado a partir del fallo “Rodríguez”, con la argumentación de que habían perdido validez, y señala que la cuestión debe ser analizada en cada caso, sin criterios generales, por los jueces de la causa. Con ello señalo que no era competencia de la Corte suprema intervenir en esos casos.

La jurisprudencia, ya sin el criterio de “Rodríguez”, continuo e incremento los supuestos de responsabilidad solidaria.

Con fecha 29 de agosto de 2019 la CSJN, en el caso  “Payalap, Marcelo Adrián c/ Sernaglia, Raúl y  otros/ reclamo”  vuelve a analizar la cuestión en un caso en el que se debatía la responsabilidad solidaria de la editorial de un diario por las deudas laborales contraídas por un distribuidor del periódico por un empleado.  En la sentencia se consideró que en el fallo que deja sin efecto por arbitrario, se había efectuado una “extensión desmesurada” del ámbito de aplicación del artículo 30 de la LCT.

En este fallo la Corte Suprema cancela el criterio de “Benítez” en el sentido que los casos de responsabilidad solidaria por contratación o subcontratación no era materia en la que debiera entender ese Tribunal. Pero tampoco sienta un criterio definido de las actividades excluidas y el alcance de la responsabilidad solidaria como lo había hecho la Corte Suprema a partir del caso “Rodríguez” hasta “Benítez”, ni tampoco señala que sería una extensión “no desmesurada” del citado artículo, con lo cual fuera de ello no queda claro si se trata de una nueva línea jurisprudencial o solo se refiere a ese caso.

Ante la falta de acuerdo entre los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil el gobierno Laudo fijando en nuevo haber del salario mínimo vital y Movil (SMVV) en la suma de $ 16.875. El importe actual de $ 12.500.

El aumento del SMVV es del 35% que sea abonado en tres cuotas no acumulativas, del 13% en agosto, el 12% en septiembre y el 10% restante en el mes de octubre.

El SMVM fue instaurado constitucionalmente por el art. 14 bis. de la Constitución Nacional. La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) lo  contempla en los arts. 116 a 120 y señala que “…es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, trasporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.

La ley 24.013 (LNE), del año 1991 creo el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el  Salario Mínimo Vital y Móvil con la finalidad de determinar periódicamente el monto del SMVV. El mismo está integrado por representantes de los empleadores, de os trabajadores y residido por un funcionario del Ministerio de Trabajo, actual Ministerio de Producción y  Trabajo (MPyT). Las decisiones del Consejo se toman por mayoría de dos tercios, y si no se alcanza la misma el presidente del Consejo, esto es el funcionario del citado Ministerio, lauda, esto es lo fija, que es lo que sucedió en este caso.

El incremento del SMVM tiene impactos económicos directos e indirectos.

Los impactos directos son:

• Planes sociales (aprox. 700.000): se ajustan en la misma proporción que el aumento del SMVM.
• Jubilaciones: conforme la ley 27.260 el importe de la jubilación mínima debe ser igual al 82% del SMVV. El impacto es importante ya que el gasto previsional es un poco mayor al 50% del presupuesto nacional.  
• Salario docente: el salario mínimo docente debe ser superior en un 20% al monto del SMVM.
• Multad de la ley 25.212:  conforme la ley  26.941 las multas por incumplimientos laborales que aplica el MPyT son en función del SMVM.

Los indirectos son:

• Prestaciones por desempleo: las mismas son actualizadas por el citado Consejo (art. 118 LNE).
• Salarios de los trabajadores no registrados que en general siguen la suerte del SMVM

Plataformas digitales Sobre la desconexión y la reconexión cautelar

I. El tema debatido

El tema objeto de la sentencia que motiva este comentario se refiere a si una medida cautelar, dictada in audita parte, que deja sin efecto un bloqueo de acceso a la plataforma digital dispuesto por la empresa y que obliga a esta a permitir que las personas humanas que realizan el transporte puedan continuar haciéndolo, puede ser dictada antes de resolverse si entre las partes mediaba un contrato de trabajo.

II. Antecedentes

Los actores señalan que cumplían tareas de trasporte de mercadería en bicicleta para usuarios que requerían su reparto o entrega a través de la plataforma digital que regula el control del algoritmo de asignación de tareas, en lo que se conoce como trabajo como “a demanda” o “vía app”.

Aducen que, dadas las características, la relación que unía a los actores con la accionada era de naturaleza laboral.

En tal sentido, señalan que la atribuida empleadora ejercía el control unilateral del algoritmo; que estaban sujetos al poder de dirección y control de la empresa; y que por esas tareas percibían una remuneración variable en función de los viajes que realizaban.

Estos mismos actores manifiestan que en el año 2018 fundaron una entidad sindical denominada Asociación del Personal de Plataformas (APP), cuya simple inscripción está en trámite. También eran integrantes de la Comisión Directiva de este ente.

A fines de 2018 les fue bloqueado sin motivo el ingreso a la plataforma, por lo cual no pudieron trabajar más. Consideran que el bloqueo de acceso equivale a un despido sin justa causa y que es antisindical y discriminatorio, vulnerando el art. 1º de la ley 23.592, razón por la cual solicitan una medida cautelar consistente en la desactivación del bloqueo de la aplicación informática y la asignación de tareas.

III. La sentencia de primera instancia

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 37 dispuso la producción de prueba testimonial e informativa al Correo Argentino, a los bancos pagadores y a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.

Con fecha 19/03/2019, in audita parte, resuelve hacer lugar a la medida cautelar consistente en que la demandada “…proceda inmediatamente a desbloquear el acceso a su aplicación informática y móvil (‘Soy Rappi’), mediante sus respectivas identidades digitales (‘ID’)…” y que los actores continúen prestando servicios de lamisma manera en que lo venían haciendo hasta su desvinculación. El plazo que otorgó fue de 24 hs., bajo apercibimiento de aplicar astreintes por $ 3000 por cada día de demora.

Para ello, el pronunciamiento se remite a un fallo emitido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Secretaría Nº 4, que en la causa “Envíos Ya SA y otros c. GCBA s/ amparo” dispuso que todas las personas humanas que presten servicios deberán estar inscriptas en RUTRAMyC y contar con la habilitación exigida por la ley 5226 de dicha jurisdicción.

Como se advierte, el citado se trata de un fallo de otro tribunal no laboral con competencia solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que aplicó una ley de dicha jurisdicción referida a la forma de ofrecer y prestar servicios de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias. Es decir que se refiere a una cuestión diferente a la planteada por los actores.

Pero también cabe señalar que en el consid. IV, por una parte, da por sentado que los actores prestaban servicios “…bajo directiva de la demandada” y, por otra, que lo resuelto no importa “…abrir juicio o sentar posición acerca del fondo de la controversia, y específicamente de la naturaleza del vínculo mantenido entre las partes”.

IV. Las sentencias de la sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

El 05/06/2019 dicho tribunal emitió un primer pronunciamiento referido a la sanción conminatoria aplicada, estableciendo que debía correr desde la fecha de la notificación a la demandada de la sentencia cautelar.

El 19/07/2019 dicho tribunal emitió otra sentencia, dejando sin efecto provisoriamente “…la medida cautelar pedida y todos los actos consecuentes con el dictado de esa medida…”.

La sala, siguiendo una tradicional doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aceptó la competencia para entender en la cuestión, dado que, conforme aquella ha señalado, para fijar la competencia “debe estarse de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, en tanto se adecue a ellos, al derecho invocado como fundamento de la pretensión” (1). Como se expresa en el fallo comentado, ello no implica adelantar el criterio sobre el que oportunamente se resolverá la cuestión.

En cuanto al aspecto central, el fallo expresa, con razón, que previo al dictado de la medida cautelar debe establecerse si entre las partes medió un vínculo laboral dependiente, que es el hecho disparador de la supuesta práctica antisindical que dio lugar a la reinstalación.

El razonamiento es lógico, ya que si no existiera un vínculo de esa naturaleza, no se configuraría una práctica antisindical, ni un despido ni una obligación de dar tareas. La sentencia de grado parte de la base de un hecho no probado ni acreditado y que, dadas las características del caso, exige un proceso judicial con amplitud probatoria y bilateralidad.

A ello cabe agregar otra circunstancia relevante, como es que la medida cautelar solicitada coincide con el fondo de la petición efectuada, con lo cual importa una suerte de adelantamiento de una eventual sentencia sobre un tema sustancial no resuelto.

Por ello la sala deja sin efecto la medida cautelar.

V. Las complejidades del trabajo a través de apps

Uno de los temas que más dudas y opiniones encontradas genera en la actualidad es el del trabajo por intermedio de aplicaciones o plataformas digitales.

La cuestión es intensa, ya que, en el fondo, afecta la noción de la dependencia, tanto en sus alcances como en sus límites y fronteras, tal como, con cierta tranquilidad, se la ha considerado hasta ahora.

Estas nuevas tecnologías, en pleno período de expansión, presentan particularidades que las alejan en cierta medida de las nociones tradicionales de inclusión-exclusión en el plexo tuitivo, como la disponibilidad del tiempo, los poderes de dirección y la propiedad de los medios de trabajo.

La aparición de nuevos procesos económicos que afectan a los sistemas productivos, como así también las nuevas tecnologías, configuran cuestiones a las que debe darse respuesta, en la medida en que continúan existiendo necesidades que cubrir.

Todo ello no ha dejado de impresionar al derecho y, particularmente, al derecho del trabajo.

Al fin y al cabo, resulta de estimar que esta disciplina, la del derecho del trabajo, es una rama de nuestro ordenamiento que ha de absorber o considerar, con más intensidad e inmediatez que otras, las rápidas transformaciones de las condiciones sociales y económicas.

Por lo tanto, es indudable que el colectivo de las personas de autos necesita un sistema de protección, más allá de la calificación jurídica.

En tal sentido, adviértase que el Código Civil y Comercial de la Nación prevé normas tuitivas en los distintos contratos a favor de quien considera la parte más débil económicamente; y que, por otra parte, muchas normas de la Ley de Contrato de Trabajo resultarían inaplicables a esta actividad, posibilidad admitida por el art. 2º, LCT, y que se evidencia en la cantidad de estatutos profesionales específicos que existen.

Con ello queremos señalar que la calificación de laboral o no de la relación es un aspecto; y quizá no el más importante de la problemática. La cuestión relevante, a nuestro criterio, es cómo proteger a quienes la realizan, dadas la complejidad y novedad de estas tecnologías, y propender a una forma de trabajo que genera sustento y trabajo útil en un mundo en el que escasea.

Con la finalidad de generar un beneficio económico a los trabajadores en relación de dependencia, autonomía y las pequeñas empresas, el Gobierno ha lanzado un paquete de medidas económicas (Resoluciones  4546/19 y 4547/19  y  4548/19).

Las mismas son:

1°) Para los trabajadores en relación dependencia (res.4546/19):

Una reducción de las retenciones por la actualización del mínimo no imponible y de las deducciones especiales.

La propuesta consiste en aumentar ambos conceptos en un 20%.

Para ello es necesario la aprobación del Congreso de la Nación.

2°) Para los trabajadores autónomos (res. 4547/19):

Serian dos medidas:

1. Una reducción del 50% de los anticipos de octubre y diciembre de 2019

• La exención del pago del componente impositivo del monotributo en septiembre

3°) Para las Pymes (res. 4548/19):

1. Aumentar el número planes para financiar la deuda corriente  (Plan Permanente) de 6 a 10.

• Suspender durante el resto del 2019 la aplicación del SIPER (Sistema e Perfil de Riesgo) para determinar tanto la cantidad de planes como la tasa aplicable.

Esta medida también abarca a las empresas restantes que no son Pymes

• Aumentar la cantidad de cuotas de los planes de facilidades de pago de 60 a 120 cuotas.

• Ampliar el universo de obligaciones posibles de ser incluidas en el plan pudiéndose ingresar la deuda vencida hasta el 15 de  agosto de 2019.

• Suspensión de los embargos por deudas impositivas vencidas para las Pymes por el plazo de 90 días

El próximo sábado 17 de agosto de 2019 es feriado nacional y el lunes 19 día no laborable con fines turísticos.

En los feriados nacionales (próximo 17) «…rigen las normas sobre descanso dominical» (art. 166 LCT) de manera tal que si el trabajador cumple tareas debe percibir su salario normal con mas un 100% de recargo.

En cambio en los días no laborables (19 de agosto) «…el trabajo sera optativo para el empleador salvo en bancos, seguros y actividades afines» (art, 167 LCT). Es decir que si dependiente trabaja ese día percibe su salario en forma normal.

El impacto desigual es cuando bajo la apariencia de un tratamiento supuestamente igual, neutral o incluso protectorio, una persona o grupo se ve perjudicado por esa igualdad que es solo ficticia.

Con fecha 5/08/2019 un juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA suspendió la actividad de reparto de mercaderías y sustancias alimenticias a domicilio en motos y bicicletas hasta tanto las empresas se inscriban en un registro oficial y registren a quienes realizan esa tarea como empleados en relación de dependencia. Con anterioridad había bloqueado los pagos con tarjetas de créditos,  y ordenado que la policía secuestre las mochilas y mercadería transportada por los repartidores labrando un acta.

La suspensión comprende no solo a las empresas que cuentan con sus propios repartidores en motos o bicicletas sino también al transporte realizado por intermedio de plataformas digitales o Apps.

Lo curioso de la cuestión es que el citado magistrado no es un juez laboral con conocimientos y competencia específica sobre la materia. En la justicia de trabajo, en donde no hay Sentencias en este sentido, se está debatiendo si la relación entre la plataforma y el repartidor es o no de naturaleza laboral, lo mismo sucede en otras partes del mundo estando las opiniones divididas dado la novedad del tema.

La otra particularidad del caso es que fue promovido en un fuero ajeno al laboral y tuvo el apoyo del  sindicato Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM).

El argumento utilizado por el juez fue que con esa suspensión de actividades se buscaba proteger a quienes prestaban ese servicio usando las plataformas digitales.

Veamos si esto es así:

Se calcula que en la CABA hay aproximadamente 20.000 personas que brindan el servicio y 12000 comercios que lo utilizan, además de los particulares que son incontables.

Para empezar, los que realizaban el transporte se quedaron sin trabajo, y por ende sin ingresos, generándose una situación de incertidumbre y desamparo en momentos en el que hay dificultades para conseguirlo. Debe tenerse en cuenta que muchos prestadores son inmigrantes.

El fallo ordena que la policía pare a esas personas individualizadas con los logos de las empresas, y si no exhiban los requisitos que el juez dispuso, les secuestre mercaderías, mochilas y labre un acta, tratando a esos trabajadores como si transportan mercadería de origen ilícito. La consecuencia probable es que empresas fantasmas empiecen a brindar ese servicio sin identificación ni control alguno.

A los comerciantes les reduce sus canales de distribución y las ventas bajen (se estima que la misma ha sido de 40%), además de la pérdida de la mercadería, en especial la perecedera, por secuestro de la misma como si tratara de bienes  de origen ilícito.

A los usuarios del servicio, también los perjudica ya que pierden una posibilidad ágil de enviar objetos o recibir mercadería, sin perjuicio del trastorno en el caso de un secuestro de la misma. Esto es particularmente grave para las personas mayores o enfermas que recibían alimentos o remedios por ese sistema y ahora deberán desplazarse.

Por otra parte, importa un retroceso ya que obtura una ventaja y comodidad para todos, derivada de la tecnología.

La decisión judicial es un típico caso de impacto desigual, es decir que desprotege de la peor manera a quienes dice que va a amparar ya que los deja sin trabajo, y además causa un perjuicio, a los comerciantes, a los usuarios, al erario público por los impuestos por la caída de ventas,  y también a la sociedad al poner a la policía a secuestrar mochilas, bolsos y mercaderías y al labrar actas en vez de destinar ese esfuerzo inútil a la seguridad de los ciudadanos.

Más importante que la digresión doctrinaria acerca de si esos trabajadores son empleados o no en relación de dependencia y en consecuencia si les serian aplicables las normas laborales, lo cual plantea otra cuestión ya no todas las normas de la LCT son compatibles con la actividad, lo que puede llevar mucho tiempo debate sería, y dejando de lado esa discusión, instaurar un sistema de protección específico para ese colectivo que contemple la tutela frente a los infortunios del trabajo, prevención, una cobertura de obra social y jubilación, límites a la jornada y tiempos de descanso y condiciones de la desconexión.

El fallo «Pastore» de la CSJN y la ratificación por partida doble de «Cairone»

Cuestión resuelta por la Corte Federal:

En los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Pastore, Adrian c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/ despido” el Alto Tribunal revoco dos Sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Salas VI y IX), que se habían apartado del criterio establecido precedente “Cairone, Mirta Griselda c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires – Hospital Italiano s/ despido” (CSJN 19/02/2015).

Cabe señalar que en el fallo “Cairone” la Corte Federal, haciendo suyo el dictamen de la Procuración Fiscal, consideró que las “…circunstancias particulares y singulares del vínculo entre el anestesiólogo y la Sociedad Italiana de Beneficencia…”  desdibujan “…la figura del trabajador…” dependiente y por ende no media entre las partes un contrato de trabajo.

Antecedentes del caso “Pastore”:

En el caso comentado el actor, inicia demanda contra la Sociedad Italiana de Beneficencia sosteniendo que las tareas que había cumplido para el Hospital Italiano, como médico anestesista, eran de naturaleza laboral.

La Sentencia de Primera Instancia rechaza la demanda.

La primera Sentencia de Cámara (Sala VI):

La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) en Sentencia del  31 de mayo de 2012,  revoca la Sentencia de grado y acoge el reclamo por considerar que entre el actor y la asociación demandada había existido un contrato de trabajo revistiendo el Sr. Pastore el carácter de empleado en relación dependencia de aquella.

En tal sentido dice que  “…el actor se encontraba inserto en una organización ajena de manera orgánica, estable y continuada en el cual las partes se encontraban vinculadas por un contrato de trabajo…”.

La demandada interpone contra el decisorio recurso extraordinario, el que es denegado.

La Primera Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

Frente a la denegatoria de recurso extraordinario el accionado deduce recurso de queja.

El 5 de febrero de 2014  la Procuración General de la Nación emite el dictamen propiciando declarar procedente la queja y revocar la Sentencia en crisis con fundamento, y remisión, a lo dictaminado el día 3 de febrero  de 2014 en el caso “Cairone”, esto se inclina por la no configuración en el caso de una relación de dependencia.

El 19 de febrero de 2015 el Alto Tribunal emite su pronunciamiento en esa causa (“Cairone”) adhiriendo al citado dictamen.

Ese mismo día la Corte Federal en el caso “Pastore” declara procedente el recurso extraordinario, y deja sin efecto la Sentencia de la Sala VI con remisión a “…las consideraciones y conclusiones expresadas en la causa CSJ 1468/2011 (47 – C) “Cairone, Mirta Griselda c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires – Hospital Italiano s/ despido”, a las que corresponde remitir – en lo pertinente-, en razón de brevedad”.

En consecuencia dispone que se dicte un nuevo fallo.

La segunda Sentencia de Cámara (Sala IX):

La Sala referida comienza expresando, con cita de Sagues, que cuando la Corte Suprema deja sin efecto un fallo se pueden presentar dos supuestos, uno de ellos  que reenvié el caso a un tribunal para emita un nuevo pronunciamiento o y el otro  que la Corte se expida sobre el fondo de la cuestión.

Señala que en el caso la misma opto por la primera alternativa y agrega que “La idea del reenvío se asienta en impedir que se pueda afectar el ejercicio de la potestad jurisdiccional de Tribunal de la causa (Fallos 289-107), para no desapoderar al Tribunal de origen del conocimiento de la causa (Fallos 231-41) y preservarse, así, las autonomías locales (fallos 204-391)”.

En base a ello, y a la “laxitud extrema a las pautas expuestas en “Cairone”” y a que se trata de una cuestión de derecho común de hecho y prueba, la Sala expresa que debe analizar si de las probanzas de autos surge que el demandante estaba vinculado, o no,  con la demandada por un contrato de trabajo o por una locación de servicios.

Respecto de este último contrato, y para descartar esa posibilidad, se expresa que el “…el contrato de locación de servicios no existe más en ningún ámbito del derecho…” y que si existiera el mismo resultaría inconstitucional. En este sentido el fallo sigue el criterio sustentado por la Sala  VII en la sentencia “Rica, Carlos c/ Hospital Alemán y otros s/  despido”y que fuera dejado sin efecto por la Corte Federal (CSJN 24/4/2018) que señalo al respecto que “Esa afirmación del tribunal a quo es meramente dogmática y no  reconoce basamento normativo alguno” (Considerando 5°)[1].

Con fundamento en ello, y del análisis de las pruebas la Sala considera que el Sr. Pastore era empleado en relación de dependencia de la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires.

Cabe destacar que el Magistrado Mario Fera no voto en esa Sentencia.

Contra el mismo la perdidosa interpuso recurso extraordinario, el que fue denegado.

La segunda Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

Con fecha 16 de abril de 2019 la Corte Suprema dicta sentencia por mayoría (el juez Rosatti no vota) y revoca el fallo de la Sala IX y confirma el pronunciamiento dictado en Primera Instancia por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro. 48 que, como se expresara, había rechazado la acción instaurada.

Para habilitar el recurso señala que “…la interpretación de las sentencias de la Corte Suprema en las mismas causas en que ellas hay sido dictadas constituye cuestión federal suficiente” (Considerando 4°). Cabe señalar que esta era la segunda vez en que la Corte intervenía en la contienda.

La Corte Federal en este caso decide resolver en definitiva la cuestión, sin necesidad de intervención de otra Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con fundamento en los principios de economía y celeridad procesal ya que el pleito llevaba 7 años desde su iniciación lo cual genera “un estado de incertidumbre” que considera conveniente despejar (Considerando 7°).

En cuanto al fondo de la cuestión, el Alto Tribunal considera que la Sentencia en crisis importa un claro apartamiento  de un fallo de la misma, sin que se hubieran aportado nuevos elementos que permitieran mutar el criterio fijado por la mismaen el caso “Cairone” (Considerando 7).

En este sentido se refiere a las cuestiones que ya habían sido analizadas en el fallo “Cairone” para resolver que entre el anestesista y la Sociedad de Beneficencia no había relación laboral, y que son las mismas, señala, que se configuran en el caso comentado (Considerandos 5°, 6° y 8°).

Por ello según la Corte Federal el tribunal interviniente efectuó una interpretación sesgada del “material probatorio” para apartarse del criterio de la misma fijado en “Cairone”.

La particularidad del caso es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el juicio “Pastore” tuvo que intervenir dos veces para una misma cuestión y en el mismo litigio para que un criterio de la misma, expresado en un caso idéntico al debatido (“Cairone”), fuera  aceptado. Adviértase que ya en la primera intervención el Alto Tribunal dejo sin efecto una Sentencia que se había aparatadodel criterio del citado precedente, a pesar de lo cual otra Sala vuelve a apartarse del mismo lo que dio lugar a que la Corte Federal recurriera al poco común procedimiento de dictar Sentencia confirmando el fallo de Primera Instancia que había rechazado la demanda.

Fuente: https://abogados.com.ar

Tasa de interés aplicable a un crédito laboral Comentario al fallo “Bonet” de la Corte Suprema.

I. La cuestión decidida por la Corte Federal

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de haber resuelto que la cuestión relativa a la tasa de interés no es una cuestión federal y por ende no corresponde la intervención del Alto Tribunal, vuelve sobre sus pasos y en el fallo comentado declara que sí es una cuestión federal cuando el resultado de aplicar una tasa de interés resulta irrazonable y desproporcionado en función de la realidad económica.

Es indudable que la elevada inflación que se registra desde hace tiempo en nuestro país ha vuelto a poner sobre el tapete un tema tan sensible, y de múltiples efectos, como es la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Esta tensión entre la inflación, la repotenciación de créditos y la tasa de interés no es nueva, y ha dado lugar a diferentes respuestas jurídicas a través del tiempo, en general insatisfactorias por exceso o por defecto, ya que en realidad se trata de un fenómeno esencialmente económico con efectos jurídicos.

Como señala Boffi Boggero (1): “Se plantea en esta materia comúnmente un problema de confusión de planos cuando los autores realizan minuciosas incursiones sobre economía política o finanzas, materias que se desenvuelven en el campo de las comúnmente llamadas ‘ciencias naturales’ y, por ende, responden a la ley causal. Como el derecho civil vive en las denominadas ‘ciencias culturales’ y su naturaleza es ‘normativa’, lo máximo que se puede hacer al respecto es formular breves nociones sobre los aspectos económicos y financieros del dinero para penetrar después en el examen jurídico…”.

II. La ley civil

II.1. El Código Civil de la República Argentina (ley 340)

El Código Civil estructuró el régimen de las obligaciones de dar sumas de dinero según se tratara de moneda de curso legal en la República Argentina o de aquellas que no lo tuvieran.

Sólo nos referiremos a las monedas de curso legal, que a la sazón eran varias, respecto de las cuales el Código Civil receptó la tesis nominalista, esto es, que el dinero tiene el valor que el Estado le asigna. Tal es lo que surge del art. 619 y de la nota a dicho artículo que, en su parte final, descarta las cláusulas de ajuste del valor de la moneda (2).

Boffi Boggero (3) dice que “Dejando de lado el caso de que se hubiese estipulado como condición sine qua non una especie de moneda nacional, en cuyo caso el deudor carece de la opción que surge de la redacción de la norma (…) si se convino en una cantidad de pesos moneda nacional, deberá pagarse en la misma cantidad, sea ella considerablemente mayor o considerablemente menor en poder adquisitivo que la anterior. La ley pone el acento en la igualdad numérica y no se fija en la desigualdad del poder adquisitivo”.

La forma prevista por el codificador para preservar el valor de la moneda y resarcir al acreedor por el incumplimiento del deudor es la tasa de interés, difiriendo su fijación al convenio de las partes, a la ley o a la determinación judicial. La tasa de interés moratoria integra el resarcimiento de los daños y perjuicios en el caso de las obligaciones de dar sumas de dinero.

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El Dr. Ricardo Foglia, disertara sobre la evolución del trabajo humano, tanto del trabajo para sí al trabajo para otros.

Temas:

• La primera crisis: las perdidas del trabajador.
• La segunda crisis: el maquinismo.
• La tercera crisis: la introducción de tecnología en los procesos del trabajo.
• La oferta supero a la demanda. La cuarta crisis: el reemplazo inteligente.
• ¿Es la crisis final del trabajo?. ¿Que hacer?. La crisis del trabajo/valor.

El pasado 17/05/2019 se publicó en el B.O. la Resolución 346/2019 del Ministerio de Producción y Trabajo (entra en vigencia el próximo 27/05/2019) que estableció que los empleadores podrán optar por emitir, indistintamente, recibos de pago en concepto de salarios u otras formas de remuneración al personal en relación de dependencia en formato papel o digital. Ya no se requiere autorización previa por parte de ese Ministerio. Las empresas que ya cuentan con la autorización quedarán incluidas en este nuevo régimen.

En caso de optarse por recibos de pago digitales, el empleador deberá arbitrar los medios necesarios a efectos de que los mismos sean firmados digitalmente, tanto por él como por el trabajador.

El sistema utilizado por la empresa deberá contemplar la posibilidad de que el trabajador pueda :

• Salvar sus recibos de haberes digitales (no se entiende a que se refiere el términos “salvar”, el que interpretamos podría ser grabar)
• Guardar copia de ellos
• Firmar en disconformidad

Si bien el objetivo de la norma es positivo ya que tiende a modernizar y desburocratizar las relaciones laborales advertimos algunos cuestiones  a resolver.

No estaría permitido el recibo digital para el pago de indemnizaciones puesto que su naturaleza no es salarial ni remunerativa. Lo mismo para conceptos no remunerativos como los que se pueden acordar en el marco de paritarias o el reintegro de viàticos contra comprobante o convencionales.

Pero el punto más importante es que el recibo requiere la firma “digital” por parte del trabajador. Esto significa que cada trabajador deberá obtener un certificado digital de su firma, trámite complejo especialmente para las empresas con gran cantidad de empleados o con un alto índice de rotaciòn. Podría incluso transformarse en una norma de difícil cumplimiento.

El régimen anterior permitía que el trabajador firme electrónicamente los recibos. Esta firma tiene eficacia jurídica pero en caso de que el empleado no la reconozca la empresa deberá acreditar su validez.

Sería importante entonces que la Secretaría de Trabajo, en su facultad de dictar normas aclaratorias y complementarias, permita los recibos digitales para todo tipo de pago del empleador al trabajador y autorice la firma electrónica del empleado.

El Profesor Ricardo A. Foglia dará una clase el día 27 de mayo en el Colegio de Abogados de San Isidro.

Temas:

• Constitucionalidad de la instancia administrativa previa de la ley 27348.
• Criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la tasación de los daños y la tasa de interés aplicable.
• La vía indemnizatoria contractual (art.. 75 LCT) de los infortunios del trabajo.

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