El artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) establece que quienes contraten con terceros trabajos o servicios que hagan a su “actividad normal y específica propia” serán responsables por las deudas laborales y de la seguridad social que tuvieren esos contratistas (o subcontratistas) con sus trabajadores.

El término que se señala entre comillas ha traído no pocas dificultades y ha dado lugar a números pleitos e interpretaciones contradictorias.

La jurisprudencia paulatinamente, desde la sanción de la norma, fue adoptando un criterio cada vez más amplio responsabilizando al contratante que subcontrataba actividades tales como transporte de caudales, concesionarios de servicios de comedor en clubes y planta, empleados de empresas de servicios de posventa,  empleados del franquiciado, custodia y traslado de valores, limpieza de oficinas, taras de seguridad realizadas por una empresa en el estacionamiento de un supermercado, empresa contratista de auxilios mecánicos, empresa contratista de tendidos de redes, contratistas de empresas gerenciadoras de servicios médicos entre muchos otros.

Con la finalidad de poner un “quietus” a la cuestión y limitar los alcances de la responsabilidad solidaria la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en el año 1993, en el caso “Rodríguez, Juan c/ Compañía Embotelladora SA”  excluyo del alcance de la norma cuando “…un empresario suministre a otro un producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución”. Así en los contratos de concesión, distribución y otros similares el concedente o distribuidor no era responsable solidaria por las deudas laborales que los concesionarios o distribuidores tuvieren con sus trabajadores.

Luego la CSJN incluyo en la exclusión de la responsabilidad solidaria a las tareas de descarga de los buques (casos “Luna” 2/7/1993 y ”Gauna” del 14/3/1995), a los promotores de planes de captación de clientes para allegar fondos a una empresa ( caso “Farace” del 9/12/1993), servicios de gastronomía en una empresa automotriz (“Encinas”, 25/10/1998), el servicio de transporte de aguas y cañerías para una empresa petrolera (fallo “Benítez”, 16/03/1999), a los trabajadores de los concesionarios de un servicio de gastronomía (sentencia en “Escudero” 14/09/2000) y al club de futbol por los empleados de la concesionaria de venta de bebidas durante los espectáculos deportivos ( fallo “Fernández”,  19/11/2002)tareas de gestoría (“caso “Páez” 18/10/2006), , entre otros.

A pesar del criterio restrictivo de esos fallos, la mayoría de los  tribunales inferiores a la  CSJN continuaron interpretando y aplicando la norma (art. 30 LCT) en forma amplia.

En el año 2009 (22/12/2009) en el caso “Benítez, Horacio O. c. Plataforma Cero S. A. y otros” la propia CSJN deja de lado todos los criterios que había fijado a partir del fallo “Rodríguez”, con la argumentación de que habían perdido validez, y señala que la cuestión debe ser analizada en cada caso, sin criterios generales, por los jueces de la causa. Con ello señalo que no era competencia de la Corte suprema intervenir en esos casos.

La jurisprudencia, ya sin el criterio de “Rodríguez”, continuo e incremento los supuestos de responsabilidad solidaria.

Con fecha 29 de agosto de 2019 la CSJN, en el caso  “Payalap, Marcelo Adrián c/ Sernaglia, Raúl y  otros/ reclamo”  vuelve a analizar la cuestión en un caso en el que se debatía la responsabilidad solidaria de la editorial de un diario por las deudas laborales contraídas por un distribuidor del periódico por un empleado.  En la sentencia se consideró que en el fallo que deja sin efecto por arbitrario, se había efectuado una “extensión desmesurada” del ámbito de aplicación del artículo 30 de la LCT.

En este fallo la Corte Suprema cancela el criterio de “Benítez” en el sentido que los casos de responsabilidad solidaria por contratación o subcontratación no era materia en la que debiera entender ese Tribunal. Pero tampoco sienta un criterio definido de las actividades excluidas y el alcance de la responsabilidad solidaria como lo había hecho la Corte Suprema a partir del caso “Rodríguez” hasta “Benítez”, ni tampoco señala que sería una extensión “no desmesurada” del citado artículo, con lo cual fuera de ello no queda claro si se trata de una nueva línea jurisprudencial o solo se refiere a ese caso.

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