iStock_000004309343_Medium_retEl procedimiento preventivo de crisis iniciado por la empresa Carrefour ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y su impacto en el resto del sector, así como el efecto contagio que pueda tener en las demás actividades, nos lleva en esta oportunidad a reflexionar sobre la incidencia de las crisis económicas en el derecho del trabajo.

Sabido es que las crisis económicas resienten las más diversas actividades de las organizaciones empresariales, afectando no solo los sistemas internos (cobros, pagos, ventas), sino asimismo, dificultando o imposibilitando el acceso al crédito o a la refinanciación, menguando el capital de giro o de respaldo disponible, restringiendo o paralizando los planes de expansión, inversión o incorporación de tecnología.

Todo ello provoca una reducción de la productividad y la parálisis o suspensión de líneas productivas o de establecimientos, dificulta o impide el cumplimiento de los contratos y afecta el nivel y la calidad de empleo,  entre otras consecuencias.

De esta manera, las crisis económicas inciden en las relaciones laborales, ya sea mediante la destrucción de puestos de trabajo, o la presión a la baja en cuanto a condiciones salariales.

Frente a este escenario es clave analizar las estructuras legales que existen para paliar o morigerar los efectos de dichas contingencias, y en su caso, las vías de escape. Como primera medida, podemos destacar que las leyes en general, y las laborales en particular, por sí solas resultan inocuas para paliar o impedir las crisis económicas de las empresas. Recordemos por otro lado, que la regulación normativa es una condición co-ayudante como vía de salida, pero no esencial, ya que convergen otros factores (políticos, económicos, sociales, internacionales).

Por el otro, lo cierto es que la Ley de Contrato de Trabajo es una norma que fue sancionada en 1974, cuando el esquema productivo era sustancialmente diferente al actual, por lo que gran parte de sus normas lucen desajustadas con las causas, naturaleza y evolución de las crisis actuales que soportan las empresas.  En efecto, la norma en cuestión fue pensada para el sector industrial, con una organización vertical de tipo Taylorista – Fordista, con cadenas de mando rígidas y diferenciación entre las estructuras de diseño. Por su parte, la estructura interna estaba centralizada, de modo tal que era muy fácil identificar a los titulares de las mismas. Ahora bien, la normativa de dicha época se ve sobrepasada por los cambios que ha provocado la revolución tecnológica, no solo en su impacto en términos económicos, sino por la incorporación de nuevos procesos de producción, que trajo aparejadas nuevas formas de prestación de tareas con la exigencia de una necesaria adaptabilidad y flexibilidad.

Es indudable que la tecnología suele destruir puestos de trabajo, por lo menos en la primera etapa de su aplicación. Ahora bien, si la empresa no incorpora innovaciones, corre el riesgo cierto de desaparecer y por ende, afecta empleo de todos sus integrantes.

De esta manera se debe fomentar la incorporación de actualizaciones y nuevos procesos digitales a las empresas. En ciertos casos los costos del trabajo impiden o dificultan dicho camino. Por eso, en estas situaciones se debe equilibrar el interés de la sociedad y de la empresa y el de los trabajadores. En este sentido, entendemos que es fundamental fomentar programas de reconversión profesional y capacitaciones, que incluyan la digitalización de la forma de trabajar y la robotización.

Por su parte, recordemos que el régimen planteado con la norma de la década del 70` es disfuncional para las pequeñas empresas, ya que el mismo fue pensado para la gran corporación, que puede asumir costos impositivos, salariales e indemnizatorios, que la pequeña empresa familiar, desde ya no puede, en cuyo caso la actividad se torna excesivamente onerosa, a lo que se adiciona un mercado extenso y competitivo y con esquemas de producción cada vez más costosos.

De esta manera, la estructura normativa en materia laboral para enfrentar y regular dicha situación resulta obsoleta, inconexa y frecuentemente contradictoria.

Es por ello que entendemos sería conveniente una reforma legislativa integral, que contemple el impacto de los cambios en la forma de producir, siempre teniendo en miras la cuestión central, esto es, la preservación de la fuente de trabajo de la mano de la recuperación empresaria.

Para finalizar, señalamos que la profundidad de la crisis, su duración y la iniciativa de sus integrantes serán los elementos determinantes de la subsistencia de las empresas afectadas. Por otro lado, vale la pena señalar que la crisis puede ser una oportunidad, por cierto traumática, que puede posibilitar la transformación de la compañía en un factor de creación de riqueza y de empleo. Ello dependerá, en gran medida, del esfuerzo mancomunado, de la creatividad y del compromiso de todos los factores integrantes y coadyudantes de la organización.

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