Name and shame: una política para “mandar al frente” a personas y empresas

El “buen nombre y honor”, aquello por lo cual había personas que se batían a duelo hasta el siglo pasado, está ahora en el centro de la escena en una era en la que a través de las redes sociales y los medios digitales una mala imagen puede hacer caer un imperio en pocos segundos.

 

Según el Cambridge Dictionary, la definición 2019 de “name and shame” es “decir públicamente que una persona, grupo o empresa hizo algo mal”. Se trata de una forma de denuncia que va más allá de las leyes, y que tiene como fin señalar que, por ejemplo, que hay determinadas empresas que cotizan en bolsa que no tienen mujeres en sus directorios, o que algunos funcionarios públicos, a quienes se señala con nombre y apellido, no presentan sus declaraciones juradas, o quizás hay empresas que contaminan… Estas acciones van, sobre todo, al corazón de los millennials, que miran con lupa cuáles son las organizaciones que cumplen con determinados estándares que están relacionados con sus valores.Pero también puede traer otras consecuencias, como por ejemplo, arruinar una fusión y/o adquisición, por ejemplo.

Los ejemplos abundan, sobre todo a partir de condenas en al ámbito judicial. A partir de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria hay un Registro de Antecedentes Penales de Personas Jurídicas. El Registro Nacional de Reincidencia recibirá las comunicaciones referentes a las condenas, rebeldías y demás sanciones de carácter penal que fueran dictados respecto a los delitos previstos en la Ley 27.401″.

Por su parte, la Oficina Anticorrupción tiene esta política de “name and shame”, según dijo su titular, Laura Alonso, para dar los nombres de los funcionarios que no presentan declaraciones juradas. Llegaron de esta manera a un acatamiento del 82%. Además existe el registro Público de Empleadores con sanciones Laborales (Repsal), una lista de empleadores sancionados por trabajo no registrado y por infracciones a las leyes de prohibición del trabajo infantil y trata de personas, detectadas por los organismos de fiscalización laboral. Los empleadores que permanezcan “no podrán acceder a programas, acciones de fomento, o subsidios del Estado. Tampoco a líneas de crédito de bancos públicos. Quienes reincidan en la misma falta serán excluidos del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o se les impedirá deducir del impuesto a las ganancias los gastos inherentes al personal”, dice el Repsal.

Aspectos legales

El “name and shame” tiene muchas variantes. Hace unos días, en Wisconsin, Estados Unidos, un grupo de padres decidió exponer públicamente a una madre que se niega a vacunar a sus hijos. Alegaron que el hecho de no vacunar a los chicos expone a personas inmunodeprimidas, a personas mayores y a quienes pasan por la quimioterapia al riesgo de contraer enfermedades que se pueden prevenir.

En Australia, una nueva política de name and shame será puesta en marcha para poner a disposición de los ciudadanos una lista de pedófilos convinctos.

Además en Sussex, Inglaterra, hay un debate para “nombrar y avergonzar” a aquellos que tienen una calcomanía “trucha” de discapacidad en el auto para poder estacionar en lugares prohibidos. También en las islas británicas, una comisión parlamentaria está recomendando que se vean expuestas empresas que pagan bonos excesivos a sus ejecutivos, alejando demasiado sus salarios de los del resto de los empleados. Y siguen los muchos ejemplos de una movida que toma cada vez más vuelo.

Consultado al respecto, el abogado Ricardo Foglia advierte, sobre todo en relación al “name and shame” en las redes que “la utilización de las redes para difamar a personas o entidades o encasillar negativamente actitudes lícitas, es una practica muy peligrosa dado el anonimato, la masividad y el ropaje de veracidad de esa forma de comunicación.

“Es usual que se califiquen en forma desprestigiante conductas lícitas o que se atribuyan delitos violando el principio constitucional de que el único con atribuciones para calificar un hecho como delito es el juez en el marco de un proceso legal.

“La víctima tiene pocas posibilidades de defensa, lo cual no quita la posibilidad de accionar reclamando la reparación de los daños sufridos cuando se individualiza al emisor de los mensajes difamatorios”, agrega el abogado.

Desigualdad de género

En el marco del “Día internacional de la Mujer”, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) junto a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) realizaron la tercera edición en Argentina del “Toque de Campana por la Igualdad de Género”, que promueve “la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública”, según la página oficial de la CNV.

Allí se dieron a conocer algunas empresas con buenas prácticas como Banco Supervielle, YPF y JPMorgan, pero también, en el informe se nombra a una gran cantidad de compañías, algunas muy conocidas y relevantes en la economía local, que no tienen mujeres en sus directorios.

La información pública pero ordenada bajo la mirada en este caso de la paridad de género (también hay otras miradas en otros informes) lleva a que los inversores tomen decisiones cada vez más cercanas a sus creencias o valores. Según Rocío Balestra, directora en la CNV, una empresa tampoco puede quejarse por el hecho de que se publique un balance con un patrimonio neto negativo, aludiendo que eso puede desprestigiarla. “Es una realidad. Se trata de visibilizar un dato público, porque las nóminas de los directores figuran en el acta de asamblea, que es subida a la autopista financiera (un sistema web donde esta toda la información de todas las empresas del mercado de capitales). La CNV sistematizó y analizó la documentación, de la misma manera que lo hace con otros datos públicos para realizar informes. El mercado de capitales se basa en la transparencia de la informacion”. Agrega que “la empresa puede seguir con sus mismas políticas. Serán los inversionistas quienes decidan si quieren o no seguir invirtiendo”

“El name and shame” es una política muy sajona”, dice Balestra. Nombrar a determinadas empresas que sí tienen buenas prácticas es una manera de hacer quedar en evidencia a quienes no las tienen. “Lo vi mucho en Nueva York -asegura- los estudios de abogados que hacen probono, o acciones ad honorem, entran en un listado al cual es muy bueno pertenecer. Si no estás, formar parte de este listado es un aspiracional. En este caso, la antítesis del “name and shame” es el reconocimiento, que es algo muy bueno. No todo es regulatorio. Acá se juega la conciencia cívica del ciudadano”.

“Publicando este listado no obligamos a nadie a tener mujeres en su directorio. Pero hay acciones que hoy tienen una enorme importancia para la sociedad. La paridad de género es una de ellas. El hecho de que vuelva el honor, la palabra, la reputación, es muy importante”, apunta la directora de la CNV. “Como me decían mis padres, tu nombre y apellido es todo”.

 

Fuente: Paula Urien, publicado por La Nación edición impresa bajo el título Name and shame: una política para “mandar al frente” a personas y empresas el día 7 de Abril de 2019.

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