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UN FALLO REFERIDO AL TRABAJO EN PLATAFORMAS DIGITALES

agosto 15th, 2019 Por

El impacto desigual es cuando bajo la apariencia de un tratamiento supuestamente igual, neutral o incluso protectorio, una persona o grupo se ve perjudicado por esa igualdad que es solo ficticia.

Con fecha 5/08/2019 un juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA suspendió la actividad de reparto de mercaderías y sustancias alimenticias a domicilio en motos y bicicletas hasta tanto las empresas se inscriban en un registro oficial y registren a quienes realizan esa tarea como empleados en relación de dependencia. Con anterioridad había bloqueado los pagos con tarjetas de créditos,  y ordenado que la policía secuestre las mochilas y mercadería transportada por los repartidores labrando un acta.

La suspensión comprende no solo a las empresas que cuentan con sus propios repartidores en motos o bicicletas sino también al transporte realizado por intermedio de plataformas digitales o Apps.

Lo curioso de la cuestión es que el citado magistrado no es un juez laboral con conocimientos y competencia específica sobre la materia. En la justicia de trabajo, en donde no hay Sentencias en este sentido, se está debatiendo si la relación entre la plataforma y el repartidor es o no de naturaleza laboral, lo mismo sucede en otras partes del mundo estando las opiniones divididas dado la novedad del tema.

La otra particularidad del caso es que fue promovido en un fuero ajeno al laboral y tuvo el apoyo del  sindicato Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM).

El argumento utilizado por el juez fue que con esa suspensión de actividades se buscaba proteger a quienes prestaban ese servicio usando las plataformas digitales.

Veamos si esto es así:

Se calcula que en la CABA hay aproximadamente 20.000 personas que brindan el servicio y 12000 comercios que lo utilizan, además de los particulares que son incontables.

Para empezar, los que realizaban el transporte se quedaron sin trabajo, y por ende sin ingresos, generándose una situación de incertidumbre y desamparo en momentos en el que hay dificultades para conseguirlo. Debe tenerse en cuenta que muchos prestadores son inmigrantes.

El fallo ordena que la policía pare a esas personas individualizadas con los logos de las empresas, y si no exhiban los requisitos que el juez dispuso, les secuestre mercaderías, mochilas y labre un acta, tratando a esos trabajadores como si transportan mercadería de origen ilícito. La consecuencia probable es que empresas fantasmas empiecen a brindar ese servicio sin identificación ni control alguno.

A los comerciantes les reduce sus canales de distribución y las ventas bajen (se estima que la misma ha sido de 40%), además de la pérdida de la mercadería, en especial la perecedera, por secuestro de la misma como si tratara de bienes  de origen ilícito.

A los usuarios del servicio, también los perjudica ya que pierden una posibilidad ágil de enviar objetos o recibir mercadería, sin perjuicio del trastorno en el caso de un secuestro de la misma. Esto es particularmente grave para las personas mayores o enfermas que recibían alimentos o remedios por ese sistema y ahora deberán desplazarse.

Por otra parte, importa un retroceso ya que obtura una ventaja y comodidad para todos, derivada de la tecnología.

La decisión judicial es un típico caso de impacto desigual, es decir que desprotege de la peor manera a quienes dice que va a amparar ya que los deja sin trabajo, y además causa un perjuicio, a los comerciantes, a los usuarios, al erario público por los impuestos por la caída de ventas,  y también a la sociedad al poner a la policía a secuestrar mochilas, bolsos y mercaderías y al labrar actas en vez de destinar ese esfuerzo inútil a la seguridad de los ciudadanos.

Más importante que la digresión doctrinaria acerca de si esos trabajadores son empleados o no en relación de dependencia y en consecuencia si les serian aplicables las normas laborales, lo cual plantea otra cuestión ya no todas las normas de la LCT son compatibles con la actividad, lo que puede llevar mucho tiempo debate sería, y dejando de lado esa discusión, instaurar un sistema de protección específico para ese colectivo que contemple la tutela frente a los infortunios del trabajo, prevención, una cobertura de obra social y jubilación, límites a la jornada y tiempos de descanso y condiciones de la desconexión.

Comentario del Dr. Ricardo A. Foglia en la Nación

Los empresarios dicen que el pago del bono de $5000 dependerá de cada sector.

Se reabrió el debate sobre la obligatoriedad y la suma no remunerativa; algunos no lo pueden afrontrar

El bono de $5000 para los trabajadores del sector privado se vuelve tan obligatorio en el artículo primero del decreto -que establece los montos y las fechas a ser pagado- como optativo en el tercero -en el que se habilita a adecuar plazos y montos para sectores en crisis-, según interpretó un astuto lector empresarial del borrador que ayer circuló sobre la norma que será publicada hoy.

Tales minucias solo dejaron dudas, tanto sobre la constitucionalidad de que el pago sea una obligación dispuesta por el Poder Ejecutivo al sector privado como por su calidad de aumento «no remunerativo» -polémicas para laboralistas- y también algunas sobre situaciones más banales, pero realistas: ¿qué pasará con quienes no puedan o no quieran pagarlo, ya que la norma no prevé ninguna sanción para ellos?

«El Gobierno sacó un bono obligatorio para el sector privado cuando no tiene atribuciones para eso», afirmó el abogado Julián De Diego a LA NACION, que indicó que tanto Eduardo Duhalde como Néstor Kirchner sí tenían de su lado la ley de emergencia económica cuando estipularon aumentos por decreto.

«Lo que está ordenando Mauricio Macri es doblemente inconstitucional. No tiene ninguna ley que le dé la potestad de fijar un aumento, pero además está obligando a los privados a dar un aumento en negro», agregó, sobre la calidad de las subas no remunerativas pactadas. El mismo Macri las había prohibido en el decreto 633 firmado este año.

La Corte Suprema ya había establecido además esa misma jurisprudencia en el fallo González, Martín c/Polimat de mayo de 2010, recuerda el abogado Ricardo Foglia, quien concuerda sobre la inconstitucionalidad de este tipo de pagos. «Siempre es fácil entrar a pagar extras no remunerativos, pero es difícil salir luego de esa dinámica», agregó el laboralista, que prevé que esta situación sumará litigiosidad.

Foglia discrepó con De Diego sobre la obligatoriedad. «Desde la década del 60, la Corte declaró que los decretos salariales eran constitucionalmente válidos, aunque sean obligatorios para todos», afirmó sobre la base de lo dictado por el tribunal superior el 20 de mayo de 1960 en la causa Praticco, Carmelo y otros c/ Basso y Cía. «Eso era antes de la ley de contrato de trabajo y sin ley de convenio colectivo», retrucó De Diego.

Sin embargo, más allá del debate entre expertos, los empresarios se dividen en dos: aquellos que negociaron el bono con el Gobierno y que creen que el decreto tiene la plasticidad necesaria, y quienes se enteran de esa decisión por los diarios o las cámaras a las que pertenecen y tienen dudas sobre cómo podrán abonar esa suma en plena recesión.

«Es un decreto realista», aseguró a este medio Mario Grinman, secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). «Hay que cuidar a ambos sectores: al asalariado, que ha perdido poder adquisitivo, y al sector empresario, que ha perdido rentabilidad. El decreto permite a los empresarios, de acuerdo con el sindicato, adecuar el pago de los $5000 de una o de otra manera. La empresa que no lo pueda pagar en dos veces acordará mayores plazos», explicó el dirigente, que aclaró que la condición de no remunerativa del bono era la parte de financiamiento que ponía el Estado.

CAME difundió ayer un comunicado en el que expresó que el Gobierno había incluido en el decreto los «pedidos de la entidad atentos a la realidad de las pymes». Se recordó que los trabajadores agrarios fueron excluidos; que el bono fue contemplado como no remunerativo, «aliviando el costo no salarial»; que montos y plazos podrán ser adecuados por consenso entre entidades gremiales empresarias y sindicatos para actividades en crisis; que será proporcional a la jornada laboral, y que «podrá ser compensado el bono a cuenta de futura paritaria o aumento».

«Es un problema», afirmó Raúl Amil, presidente de AFAC. El líder de la cámara que agrupa a los autopartistas señaló como positivo que el bono sea no remunerativo («minimiza el costo»), pero se mostró preocupado por que el Gobierno haya decidido sacarlo por decreto. «Hay empresas que pueden darlo y otras que no. Hay muchas plantas paradas por 60 días. A algunos les va a impactar mucho. Será diferente si queda sujeto a las posibilidades de la empresa. Es bueno acompañar a la gente en un momento difícil, pero es importante que el empresario pueda definir si lo da o no», explicó.

«Lo del bono complica a las pymes», afirmó Martín Cabrales. Se va atener que llegar a una solución para las empresas y para los empleados. Cada industria es distinta. No se puede generalizar. El consumo en el mercado interno viene para abajo y es imposible endeudarse. Veremos qué soluciones se da al pago, qué facilidades. Es un contexto en el que hay que ser cauteloso. Nadie quiere conflictos», cerró el empresario.

«Conceptualmente, el decreto no nos gusta, pero entendemos la situación en que se decidió», dijeron cerca del Foro de Convergencia empresarial, donde ahora esperan por el impacto sector por sector.

 

Fuente: Francisco Jueguen, publicado por La Nación bajo el título, «Los empresarios dicen que el pago del bono de $5000» , el día 13 de Noviembre de 2018.

La extinción del contrato de trabajo por fallecimiento del trabajador.

noviembre 16th, 2018 Por

 

La extinción del contrato de trabajo por fallecimiento del trabajador. Los acreedores a la
indemnización.

  •  La norma.

La muerte del trabajador produce la extinción automática del contrato de trabajo, debido al carácter personal o «intuito personae» e infungible de la prestación a su cargo (art. 37 de la LCT). Ahora bien, no obstante que, por definición, el hecho que provoca la ruptura contractual es ajeno al empleador, la ley impone a éste una carga indemnizatoria en beneficio de los causahabientes del trabajador fallecido, a fin de compensar a la familia que ha perdido al sostén económico o, al menos, a quien contribuía al mismo.

El art 248 LCT regula la extinción del contrato de trabajo por muerte del trabajador. La norma indica que, en este caso, las personas enumeradas en el art. 38 del dec.-ley 18.037/68 (t. o. 1974) tendrán derecho mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación allí establecido, a percibir una indemnización igual a la prevista en el art. 247 LCT, esto es, la equivalente a la mitad de la indemnización conforme art 245 LCT. 2)

  • Los causahabientes.

El art 248 LCT expresa que las personas enumeradas en el al art 38 del Dto- Ley 18037/68 son los derechohabientes del trabajador fallecido. Esta redacción no ofreció mayores dificultades interpretativas, hasta la sanción de la ley 24.241, que instituyó un nuevo régimen de legitimados para el beneficio de la pensión por fallecimiento, generando en la doctrina dos interpretaciones.

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Fuente: Maira C. Rita, publicado por DPI Cuántico Diario Laboral bajo el título La extinción del contrato de trabajo por fallecimiento del trabajador. Los acreedores a la indemnización., en el número 184 del día 15 de Noviembre de 2018.

El límite a la imposición de costas en el proceso laboral

septiembre 30th, 2018 Por

Foglia AbogadosLas normas

El art. 8º de la ley 24.432 incorporó el último párrafo del art 277 LCT, referido al límite en la 1 imposición de costas en primera o única instancia, en el proceso laboral. La norma expresa: “(…) La responsabilidad por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederán del veinticinco por ciento (25 %) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superaran dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas(…)”. En el mismo sentido, el Código Civil y Comercial en su art. 730 in fine expresa: “(….) el 2 incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivada en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas(…)”. De esta manera, el Juez, a pedido de parte o de oficio, procederá con el prorrateo de los montos entre los beneficiarios, a fin de no superar el límite impuesto. A continuación se analizarán las principales características de la limitación en la imposición de costas, y el criterio de la Corte Federal en cuanto a la constitucionalidad de la norma.

a) Características:

i.La limitación sólo rige en caso de proceso judicial o arbitral, y no así en materia extrajudicial.

 

1 B.O. 15/12/1994.

2 La norma regula los efectos de las obligaciones con relación al deudor.

 

ii.Se excluye del prorrateo el cómputo de los honorarios profesionales correspondientes a la parte condenada en costas.

iii.El planteo del prorrateo debe ser solicitado por el deudor en la etapa correspondiente al art 132 LO (liquidación), ante la primera instancia, y decidirse por ésta . 3

iv.No se trata de una limitación de la potestad regulatoria del juzgador en materia de honorarios, ya que debe atender a las pautas arancelarias vigentes. Por ello, el límite y el prorrateo en la imposición de costas no son aplicables al acto regulatorio de honorarios, sino al reclamo de su limitación que efectué el deudor.

v.El tope porcentual se refiere únicamente a los honorarios regulados en primera o única instancia.

vi.El porcentaje (25%) comprende en su sumatoria a todos los honorarios que deba afrontar la parte condenada en costas por trabajos de abogados, procuradores y auxiliares en primera o única instancia. Estos honorarios deben surgir de una regulación judicial ya que la jurisprudencia del fuero resulta coincidente en sostener que no cabría aplicarse el prorrateo respecto de estipendios que son fruto de un acuerdo entre las partes y sus letrados, ya que dichos emolumentos constituyen una liberalidad.

b)El criterio de la Corte Federal

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con relación a la inconstitucionalidad de prorrateo en los honorarios, se expresó en los precedentes “Abdurraman” y “Villaba” . Entre ambos precedentes 4 5 existió un plazo de 20 días de diferencia, por lo que se puede inferir que el último resulta complementario del primero.

En el fallo “Abdurraman”, la CSJN sostuvo que la solución consagrada en el art. 277 de la LCT respecto al tope del 25% en la imposición de costas constituye uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y a morigerar los índices de litigiosidad, asegurando la razonable satisfacción de las costas del proceso judicial por la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos . 6

Por su parte, también consideró que la ley 24.432 de honorarios profesionales no conculca el derecho de igualdad, ya que no evidencia un fin persecutorio o discriminatorio sino que, por el contrario, otorga el mismo tratamiento a todos los profesionales que asisten a la parte no condenada en costas, sea ésta actora o demandada, trabajador o empresario, con el objetivo de disminuir los gastos procesales . 7

3 Conforme Acta CNAT Nro.2187 (28/05/1995).
4 Abdurraman Martín c/Transportes Línea 104 S.A. s/accidente – ley 9688” – 5/05/2009.
5 Villalba, Matías Valentín c/ Pimentel, José y otros s/ accidente – ley 9688” – 27/05/2009.
6 In re “Abdurraman”… cons. 12º.

En el segundo precedente, al analizar el planteo de inconstitucionalidad del art 277 LCT, la CSJN señaló que el sentido de la norma es limitar la responsabilidad del condenado en costas por los honorarios devengados mas no respecto de la cuantificación de éstos, por lo que “(…)no cabe vedarle al beneficiario de la regulación la posibilidad de reclamarle a su patrocinado el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la ley, ya que lo contrario importaría consagrar -con relación a ese excedente- una obligación sin sujeto pasivo alguno, lo que equivale al desconocimiento del derecho creditorio y, en la práctica, a una efectiva reducción de los emolumentos profesionales, resultado ajeno al propósito del precepto(…)” . 8

De esta manera, la Corte reconoce la eventual posibilidad de que los profesionales intervinientes ejecuten a su cliente no condenado en costas por el saldo impago de honorarios que pudiese resultar del prorrateo legal que surge de la ley 24.432, la que “(…)no resulta violatoria del principio protectorio del trabajador ni el derecho de propiedad reconocidos en la Constitución Nacional (arts. 14 bis y 17) ya que la naturaleza alimentaria del crédito reconocido al trabajador no empece a que éste deba contribuir, en alguna proporción, con el costo del litigio que decidió promover para el reconocimiento de su derecho(…)” . 9

Del análisis de los fallos mencionados surge que: (i) el art 277 LCT sólo limita la responsabilidad del condenado en costas por los honorarios devengados, pero no su cuantificación; (iii) el profesional puede eventualmente reclamar a su cliente no condenado en costas, el excedente por sobre el porcentual establecido en la ley, y ello no resulta violatorio del principio protectorio del trabajador ni del derecho de propiedad reconocidos en la CN (arts. 14 bis y 17) ya que la naturaleza alimentaria del crédito reconocido al trabajador no empece a que éste deba contribuir, en alguna proporción, con el costo del litigio que decidió promover para el reconocimiento de su derecho; (iii) la finalidad de la norma es disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad, asegurando la razonable satisfacción de las costas del proceso judicial por la parte vencida, sin convalidar excesos o abusos; (iv) la ley 24.432 no conculca el derecho a la igualdad.

 

7 In re “Abdurraman”… cons. 13º.
8 In re, Villalba… cons. 6to.
9 In re, Villalba… cons. 7mo.

Sin perjuicio de ello, un punto interesante para analizar es la constitucionalidad de la ley 24.432, en atención a que la norma regula facultades que no fueron delegadas por las provincias, como lo es lo referente a cuestiones arancelarias (art.121 y 121 CN) . 10

En este sentido, la CSJN tiene dicho que “(…)al gobierno de la Nación le está vedado impedir o estorbar a las provincias en el ejercicio de aquéllos poderes de gobierno que no han delegado o reservado porque por esa vía podría llegar a anularlos por completo(…)” . 11

Lo cierto es que, en muchos casos, las previsiones normativas de la CN no satisfacen las exigencias de la realidad. Sin embargo, el reparto de competencias es base fundante del estado federal, y su vulneración trae aparejada la violación de la esencia del federalismo argentino, que supone la existencia de dos gobiernos (el nacional y provincial), con potestades institucionales, políticas, administrativas, y tributarias, propias y concurrentes.

 

De esta manera, coincidimos con Birdat Campos, quien sostiene que“(…) la observación de la praxis constitucional pone en claro que ha habido una marcada inflación de las competencias nacionales (…) Se trata de una mutación, que, cuando viola la constitución, es inconstitucional (…)” . 12

c) Para finalizar

Compartimos el criterio de la Corte Federal, en tanto que la modificación del art 277 LCT conf. ley 24.432, habilita la limitación de la responsabilidad del condenado en costas, pero no se trata de una reducción de honorarios.

Por su parte, tal limitación de responsabilidad, constituye un régimen especial, el cual, sin perjuicio del análisis respecto a las facultades no delegadas, sería constitucional siempre que el criterio de distinción legislativa no sea arbitrario, es decir, siempre que obedezca a los fines propios de dicha competencia, como lo es por ejemplo, en las expresiones legislativas de topes indemnizatorios por razones de interés público.

10 Este análisis no fue efectuado por la Corte Federal en los precedentes citados, ya que se trata de dos causas que tuvieron radicación inicial en la Justicia Nacional del Trabajo, por lo que corresponde la aplicación de normas nacionales, como lo es la ley 24.432.
11 “Cadopi, Carlos Humberto c/ Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires s/ acción declarativa”, S.C. C.354. LXXV, entre otros, fallos: 147:239; 239:343.
12 Bidart Campos, German. Compendio de derecho constitucional, 1era. Ed., 4ta. Reimp., Buenos Aires, Ediar, 2016, p.52

 

Fuente: Maira C. Rita, publicado por DPI Cuántico Diario Laboral bajo el título El límite a la imposición de costas en el proceso laboral, en el número 175 del día 13 de Septiembre de 2018..

Comentario al fallo «Correcher» de la CSJN sobre la relación de dependencia

septiembre 30th, 2018 Por

El fallo objeto del presente comentario se refiere a importancia de la consideración de la  prueba testimonial, más allá de las presunciones de los arts. 23 y 105 LCT, para establecer la configuración de la relación de dependencia laboral.

La caracterización del concepto de dependencia laboral (como la denominan los arts. 21, 22 y 27 LCT), por las razones que se verán, son de una gran trascendencia y complejidad.

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septiembre 4th, 2018 Por

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