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ARTÍCULO DEL DR. RICARDO A. FOGLIA : EL IMPACTO DE LA REFORMA TRIBUTARIA EN EL DERECHO DEL TRABAJO

enero 29th, 2018 Por

dreamstime_xs_27045238_retLa ley 27.430 (BO 29/12/2017)  denominada de reforma tributaria incorporó en el artículo 79 a la Ley de Impuesto a las Ganancias Nro. 20.628[1] un segundo párrafo referido a la aplicación del mencionado gravamen a las indemnizaciones por despido y a las sumas pagadas a raíz de mutuos acuerdos, retiros voluntarios o pactos similares.

La norma tiene dos partes, (i) una primera referida a las sumas que se generen con motivo de la desvinculación laboral de los directivos y ejecutivos de las empresas públicas y privadas y; (ii) otra relativa a las sumas pagadas en el marco de los mutuos acuerdos, retiros voluntarios y otras fórmulas similares como los acuerdos pre jubilatorios. Leer pubicación completa…

Modificaciones introducidas por el DNU 27/2018 al Art. 147 de la ley de contrato de trabajo.

enero 19th, 2018 Por

Foglia AbogadosModificaciones introducidas por el Decreto de necesidad y urgencia 27/2018 al Art. 147 de la ley de contrato de trabajo.

1°) Ante todo hay que tener en cuenta que, de conformidad con los dos primeros párrafos de articulo 147 LCT, que no han sido modificados, las remuneraciones son inembargables hasta el importe del SMVM salvo por deudas alimentarias. (art.  120 LCT).

2°) El decreto 484/87 establece que las remuneraciones no superiores al doble del SMVM son embargables en el 10% del excedente del SMMV y el 20% de las que superen ese monto. Igual para las indemnizaciones.

3°) La ley   27.320 agrego un tercer párrafo al artículo 147 LCT. El mismo establecía que el embargo que afecte el sueldo de los trabajadores debía ser instrumentado (efectuado) por el empleador siendo inembargable la cuenta sueldo cualquiera fuera el importe y origen de los fondos de la misma. A su vez el empleador debía comunicar al trabajador la medida dispuesta.

4°) El artículo 168 del DNU 27/2018 sustituye dicho párrafo, que de esta forma quedaría sin efecto. Aclaro que utilizo el condicional por que el DNU debe ser aprobado por la Comisión Bicameral y es muy probable que genere cuestionamientos judiciales con base constitucional sobre todo en lo que hace a la necesidad y urgencia de la medida.

Conforme el texto de la norma citada, hay que distinguir entre el embargo del salario y el embargo del saldo de la cuenta sueldo del trabajador.

Respecto del primero, es decir sobre el salario del trabajador, continua vigente el régimen mencionado en los puntos 1 y 2 del presente comentario.

En cuando al segundo, es decir embargo sobre el saldo de la cuenta sueldo del trabajador, la nueva norma establece que el saldo de la cuenta no es embargable cuando el mismo (saldo) obedezca a montos derivados de una relación laboral (salarios) o prestaciones de la seguridad social y no supere 3 veces el promedio mensual  de los 6 meses anteriores la medida. El excedente es embargable sin restricciones.

Y si el saldo no obedece a dichos conceptos es embargable también sin restricciones.

En cuanto al procedimiento el  texto de DNU establece:

a) Que previo a la traba del embargo que afecte la cuenta sueldo de los trabajadores el empleador informe al juzgado  el promedio de las remuneraciones del trabajador embargado que es límite de embargabilidad y en todo el importe de las transferencias salariales para distinguir de otros rubros no salariales ni de la seguridad social que hubiere en la cuenta. La idea de la norma es que no se utilice la cuenta sueldo para incluir importes ajenos a la relación laboral para evitar la medida.

b) El empleador dentro de las 48 hs. de recibido el requerimiento debe comunicar al trabajador el embargo.

c) Si el saldo de la cuenta no es por montos derivados de una relación laboral (salarios) o prestaciones de la seguridad social el mismo es embargable sin esa restricción.

Declaran inconstitucional el art. 212, 4to. párrafo de la LCT:

diciembre 26th, 2017 Por

Foglia AbogadosEl art. 212, 4° párrafo de la LCT es declarado inconstitucional y se manda a pagar la indemnización prevista por el art. 247 LCT.

El fallo objeto de esta breve nota declara inco9nstuitucional  el El 4to. Párrafo del art. 212 que establece una indemnización igual a la indemnización por despido (art. 245 LCT) en el caso de desvinculación del trabajador por una incapacidad absoluta derivada de un accidente o enfermedad inculpable.

Asimismo considera que la indemnización que corresponde en tal caso es la establecida por el art. 247 LCT, que equivalente al 50% de la indemnización por despido.

El fallo es innovador e implica una importante reducción indemnizatoria para los casos de extinción del contrato de trabajo por incapacidad absoluta.

Para llegar a esa conclusión entiende que el cuarto párrafo del artículo 212 LCT vulnera la razonabilidad exigida en nuestra C.N., razón por la cual, manda “recalcular” la indemnización según el precepto establecido en el art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la “tabula general” con la cual el legislador ha resarcido –dentro del propio cuerpo legal- todos aquellos supuestos de extinción contractual en los que el actuar patronal es ajeno a su generación.

Guardia, Nélida Bibiana c/ Trecco, Silvia Cristina – Ordinario – Otros  – Expte. N° 1457331 /// Cámara del Trabajo de Villa María, Provincia de Córdoba, 23/11/2017.

ARTÍCULO DEL DR. RICARDO A. FOGLIA PARA LA NACION: Mobbing, la otra forma de acoso

diciembre 4th, 2017 Por

dreamstime_xs_10219746_300Recientes denuncias públicas de hostigamiento en el ámbito de trabajo han puesto en evidencia una práctica deleznable y que no era esperable.

El acoso laboral psicológico o mobbing laboral comienza a ser metódicamente estudiado en la década del 90 a raíz de las investigaciones llevadas a cabo por Heinz Leymann, profesor de la Universidad de Estocolmo.

El acoso laboral es una actitud hostil, sistemática y continuada de ciertos empleados contra otros que quedan, por diversas razones (necesidad del trabajo, temor, falta de reacción), en una posición de indefensión y desvalimiento. Es una causa importante del deterioro de vida de los trabajadores, y no debe confundirse con otras manifestaciones de violencia en el trabajo.

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COMENTARIO DEL DR. RICARDO A. FOGLIA: Proyecto de reforma de la ley de contrato de trabajo

noviembre 24th, 2017 Por

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO PROPUESTAS POR EL ANTEPROYECTO DE REFORMA LABORAL DEL PODER EJECUTIVO

El Poder Ejecutivo Nacional ha dado a conocer un ambicioso proyecto de reforma al sistema de relaciones laborales.

El texto  tiene 145 artículos y un Anexo.

Está dividido en 11 títulos que a su vez cada uno de ellos cuenta con varios capítulos.

En este trabajo comentaremos  únicamente el Título III referido a las relaciones individuales del trabajo y dentro del mismo, al capítulo I, que contiene modificaciones a varias normas de la ley de contrato de trabajo.  En entregas posteriores analizaremos el resto de los temas  tratados por la misma.

1°) Modificación del artículo 2 LCT sobre el ámbito de aplicación:

El artículo 38 del anteproyecto propone reformar el artículo 2 LCT y en lo relevante introduce dos figuras que excluye de la normativa laboral.

La primera de ellas son los denominados “trabajadores autónomos económicamente dependientes”, cuya fuente es la Ley española 20/2007. Para la norma española son trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE) aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, directa y predomínate para una persona física o jurídica (cliente), del que depende económicamente por percibir de él, al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos del trabajo y de actividades económicas o profesionales.

En España la doctrina esta dividida sobre si esa figura importa una deslaboralización de relaciones laborales o si por el contrario regula vínculos desprotegidos por el derecho del trabajo. Este análisis excede el marco del presente comentario y presenta aristas estructurales ya que, en definitiva, se refiere a la frontera del derecho del trabajo.

La norma propuesta por el ejecutivo eleva al 80% el importe de los ingresos anuales dependientes de una empresa o persona contratante para que el prestador de los mismos ingrese en el régimen.

La propuesta incluye el agregado de un inciso e) que señala que la normativa laboral no es aplicable “A los trabajadores independientes y a sus trabajadores independientes y colaboradores”. El texto no presente ninguna particularidad y en definitiva si se trata de un trabajador dependiente o subordinado dependerá de la apreciación judicial de cada caso tal como lo hecho desde antiguo  jurisprudencia[1].

2°) Modificación del artículo 4 LCT sobre el concepto del trabajo:

El artículo 39 del anteproyecto propone reformar el artículo 4 LCT referido al concepto de trabajo agregando el siguiente párrafo “La cooperación entre las partes para promover esa actividad productiva y creadora constituye un valor esencial compartido, generador de derechos y deberes recíprocos, y una regla esencial de ejecución del contrato”.

Es decir que esta norma establece “la cooperación entre las partes”, esto es del trabajador y del empleador, como una regla esencial del contrato de trabajo, reforzando y recordando el carácter sinalagmático del mismo, que muchas veces no es tenido en cuenta frente a incumplimientos no cooperativos del débito laboral. La norma recuerda que, y más allá de las obligaciones concretas del trabajador, el deber genérico de  la cooperación tiñe toda la relación.

3°) Modificación del artículo 12 LCT referido a la irrenunciabilidad:

La ley de contrato de trabajo en su texto original del año 1974 (art. 12) nulificaba, los acuerdos de parte que fueran inferiores a  lo establecido por las normas legales, convencionales o estatutos profesionales. Como nada decía sobre los acuerdos individuales se plantearon dos criterios. Un sector consideraba que un acuerdo individual posterior podría modificar el preexistente en cualquier sentido y otros entendían que ello no era posible. La jurisprudencia mayoritaria se inclinaba en el primer sentido.

En el año 2009  la ley 26.574 agrego a los acuerdos individuales, terminando con la divergencia doctrinaria y jurisprudencial, de forma tal que tampoco podía modificarse, en perjuicio del trabajador, lo acordado en los mismos.  De esta forma si los ciados acuerdos no tenían un plazo de vigencia se constituían en la fuente más firme del derecho del trabajo ya que una ley posterior podía modificar a una anterior en cualquier sentido, lo mismo una convención colectiva de trabajo, pero, en cambio el acuerdo individual sin plazo o condición era inmutable. Ello provocaba una gran distorsión y conspiraba contra la celebración de esos acuerdos, perjudicando, en definitiva a los trabajadores.

El texto propuesto vuelve a la redacción del año 1974[2].

4°) Modificación del artículo 30 LCT sobre contratación y subcontratación[3]:

El artículo 41 del anteproyecto propone modificar una norma de defectuosa concepción y  redacción que ha generado muchas divergencias y litigios interpretativos sobre todo a partir de los cambios en la organización en la forma de producir de las empresas.. La cuestión se refiere a la extensión de la responsabilidad, por vía de la solidaridad, a terceros ajenos a la relación laboral.

La jurisprudencia laboral predominante, contrariando el criterio de interpretación restrictiva de la solidaridad, que es como está regulada en la norma civil que es su fuente por remisión expresa de la ley (ya que nadie nace siendo deudor), realizó una aplicación amplia, extendiendo la responsabilidad a supuestos que, según nuestro criterio reiterado, no estaban comprendidos por la misma.

La norma pretende corregir esta situación anómala para lo cual recurre a dos mecanismos:

  1. Enumera las actividades que quedan excluidas la norma: limpieza, seguridad, mantenimiento general de bienes inmuebles y muebles registrables, servicios médicos y de higiene y seguridad en el trabajo, gastronomía, informática, transporte desde y hacia el establecimiento o explotación.
  2. Agrega la documentación que los cedentes, contratistas o subcontratantes deben exigir a los cesionarios o subcontratistas (número del CUIT de los trabajadores, constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago a la seguridad social, cuenta bancaria y cobertura de la LRT) deberá ser exhibida a pedido del trabajador y de la autoridad administrativa dentro del plazo de 30 días de solicitada.
  3. Y lo más importante es que agrega que si se acredita haber cumplido con el control, el cedente, contratista y/o subcontratista queda exento de responsabilidad solidaria. Del texto de la norma se desprendería que es el control y no el cumplimiento, es el hecho que impide la extensión de la responsabilidad.

5°) Modificación del artículo 66 LCT referido al ius variandi[4]:

El ius variandi es la facultad del empleador de modificar la forma y modalidad del trabajo. El límite es que ese cambio  afecte las modalidades esenciales del contrato (ej. salario o jornada) ni  económica (ej. trasladarlo a un lugar más lejano a su domicilio que el que tenía y que le implique mayor gasto de traslado) o moralmente (ej. rebaja de categoría aunque no te modifique el salario) al trabajador.

La ley del año 1974 establecía que si el empleador ejercía abusivamente el ius variandi el trabajador podía optar entre considerase despedido (despido indirecto)  o solicitar judicialmente el restablecimiento de las condiciones modificadas (art. 71).

Esto fue modificado en el año 1976 dejando únicamente la posibilidad del despido indirecto (art. 66 LCT).

En el año 2006 la ley 26.088 vuelve al criterio del año 1974.

La norma propuesta elimina la posibilidad de solicitar la reinstalación en las tareas con lo cual frente a un cambio abusivo solo quedaría la posibilidad de que el trabajador se considere despedido.

La norma vigente trae como consecuencia que los empleadores,  para evitar la posibilidad de reinstalación o frente a una reinstalación decretada, lo cual genera un trastorno en la empresa, sobre todo frente a los continuos cambios de organización por la tecnología o nuevos procesos productivos, prefieran despedir al trabajador, con lo cual, la norma actual es solo en apariencia protectoria del trabajador ya que termina incentivando la destrucción de empleo.

6°) Modificación del artículo 80 LCT sobre certificados de trabajo:

El articulo 80 LCT actualmente vigente  es conforme el texto de la ley 25.345 del año 2000. Dicha que establece, además de la obligación de entregar  los certificados de trabajo, salarios y aportes y contribuciones, una multa en caso de que ello no suceda y luego de una intimación al efecto, igual a tres salarios computando la mejor remuneración normal mensual y habitual percibida en el último año o menor periodo de empleo. Esa disposición está reglamentada por el decreto  146/01.

El artículo propuesto en su reemplazo elimina la multa y establece que el empleador cumple con su obligación generando el certificado de trabajo conforme el procedimiento establecido en la Resoluciones Generales AFIP N° 2316, y  3669 y la Resolución del MTEySSN 941/2014.

7°) Modificación del artículo 92 ter. LCT referido al contrato de trabajo a tiempo parcial:

El artículo 44 del anteproyecto establece que el cómputo de los 2/3 no se efectuara en base a la “jornada” sino al “horario semanal”. De esta forma para que el contrato de trabajo sea a tiempo parcial la jornada semanal debe ser inferior a 32 hs. semanales.

8°) Modificación del artículo 158  LCT de licencias especiales:

El texto proyectado prevé dos modificaciones.

Eleva la licencia del padre por nacimiento de hijo de dos (2) días corridos a quince (15) días corridos y agrega, como inciso f) una licencia por razones particulares planificadas sin goce de haberes, de 30 días corridos por año calendario. El periodo de esta licencia por razones particulares no se computa como antigüedad en el empleo. Si bien el proyecto no lo menciona, es dable señalar que durante ese lapso se mantienen los deberes de conducta[5].

9°) Modificación del artículo 158  LCT referido a la jornada reducida:

Se agrega un párrafo referido al Banco de Horas, que puede ser acordado en la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) y cuya regulación se efectúa en el proyectado artículo 201 al que nos referiremos seguidamente.

10°) Agregado del artículo 198 bis  LCT de jornada reducida para cuidado de menores:

El proyecto establece que los trabajadores que tengan a su cargo menores de hasta 4 años, podrán acordar con el empleador una reducción transitoria de la jornada laboral para el cuidado de los mismos, con la consiguiente reducción proporcional del salario.

Cabe destacar que para que ello sea posible es menester que el empleador acceda al requerimiento, razón por la cual la norma no innova respecto de lo sucede en la actualidad.

11°) Modificación del artículo 201  LCT sobre horas suplementarias. Banco de horas:

Se agrega el denominado banco de horas, que importa que las horas realizadas en exceso en un día sean compensadas con la disminución de horas en otro día. El mecanismo diseñado debe ser acordado en la Convención Colectiva de Trabajo y presenta dos restricciones: a) en un año no debe excederse la cantidad de jornadas semanales previstas en la CCT y b) no se deben superar las 10 horas diarias de labor.

11°) Modificación del artículo 245  LCT de indemnización por antigüedad o despido:

Una propuesta relevante es la referida al artículo 245 LCT cuya interpretación y aplicación ha dado lugar a innumerables litigios a pesar de las sucesivas modificaciones que se le introdujeron a la norma original[6].

Se propone agregar un párrafo que contiene exclusiones específicas y genéricas de la base de cálculo de dicha indemnización.

Expresamente se excluyen del salario base de cálculo (mejor remuneración mensual, normal y habitual) los siguientes conceptos: sueldo anual complementario (cuestión que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires había sido resuelta por el fallo plenario 322 “Tulosai Albero Pascual c/ Banco Central de la República Argentina 19/11/2009,” y que en cambio es doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires), las comisiones, los premios y/o bonificaciones, y las compensaciones por gastos.

Y genéricamente se detrae “…todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normas y habitual”, que, por otra parte es lo que actualmente expresa el primer párrafo del artículo 245 LCT.

De esta manera la modificación es abstracta ya que si los rubros expresamente excluidos son normales, mensuales y habituales ingresan en la base de cálculo.

Ademas exclusiones especificas son de dudosa constitucionalidad a tenor de lo expresado por el Convenio 95 de la OIT y los criterios que ha sustentado sobre el particular la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en especial en “González, Martín Nicolás c/ Polimat S.A.” del 19/5/2010, “Díaz Paulo Vicente c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.” del 4/06/ 2013, y “Pérez Aníbal Raúl c/ Disco SA” del 1/09/2009).

Cabe agregar que la propuesta contempla la creación, a través de la Convención Colectiva de Trabajo, de un fondo de cese laboral (art. 52)  con el objeto de asumirla cobertura de las indemnizaciones sustitutiva del preaviso (art. 232 LCT) y antigüedad (art. 245 LCT). Dicho fondo se nutre con un aporte mensual a cargo del empleador que se calcula sobre el salario del trabajador. El mismo será objeto de otro comentario.

12°) Modificación del artículo 256  LCT sobre plazos de prescripción[7]:

Se propone reducir el plazo de prescripción a un (1) año. Recordamos que actualmente es de dos (2).

Cabe señalar que el artículo 256, inciso b) establece que prescribe a los dos años “El reclamo de derecho común de daños derivados de accidentes y enfermedades del trabajo”.

13°) Modificación del artículo 276  LCT actualización de los créditos laborales[8]:

Se establece un sistema de actualización de los créditos laborales  conforme la tasa fijada por el Banco Nación para las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) correspondientes a los créditos hipotecarios.

De esta manera se unificarían las tasas aplicables a  en todo el país a los créditos laborales, eliminando la disparidad de criterios que rigen hoy, derivadas de leyes provinciales, actas, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y criterios jurisprudenciales diversos en cada jurisdicción incluido entre tribunales de la misma provincia cada una de las cuales fija una tasa diferente. Esto trae como consecuencia una gran desigualdad, ya que en definitiva, créditos de igual monto y fecha de nacimiento dan un resultado diverso al momento del pago según cual sean la jurisdicción en la que se litigue. Otra derivación es que produce una acumulación de pleitos, cuando las normas de competencia lo habilitan, en ciertas jurisdicciones con tasas más elevadas y una merma en aquellos con tasas comparativamente más reducidas.

Este criterio, por otra parte, es coherente con el fijado por  inciso c) del artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación que señala que a falta de acuerdo de partes, y leyes especiales los intereses moratorios se aplicaran “…las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”.

 

 

 

[1] Sobre este tema puede verse mi cometario a los artículos 25 y 26 en “Ley de Contrato de Trabajo. Comentada, anotada y concordada” Dirigida por Jorge Rodríguez Mancini y Coordinada por Ana Alejandra Barilaro T. II Págs. 93 y ss., Ed. La Ley – año 2014

 

[2] Sobre este tema puede verse mi artículo “La reforma del art. 12 L.C.T. por la ley 26.574 y la renuncia de derechos emergentes del contrato individual por el trabajador”, Revista Trabajo y Seguridad Social – enero/febrero 2010.

 

[3] Para un comentario sobre el art. 30 LCT puede verse mi comentario en “Ley de Contrato de Trabajo. Comentada, anotada y concordada” dirigida por Jorge Rodríguez Mancini y Coordinada por Ana Alejandra Barilaro T. II, Ed. La Ley – año 2014

 

[4] Sobre este tema puede verse la transcripción de nuestra conferencia sobre “El ius variandi y la reciente reforma del art. 66 de la LCT“, en el Colegio de Abogados del departamento judicial de La Plata, La Plata 7 de junio de 2006.

 

[5] Una análisis de la cuestión puede verse en nuestro artículo “Mujeres que trabajan y tienen derechos” publicado en el diario La Nación – secc. Empleos – pág. 1, 16 de agosto de 2009.

 

[6] Sobre las sucesivas reformas puede verse mi trabajo en  “El despido sin justa causa y los topes indemnizatorios en la LCT. Evolución legislativa y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, revista de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, año III, número 11, agosto / septiembre 2001.

 

[8] Sobre esta cuestión pude verse nuestro comentario en “Ley de Contrato de Trabajo. Comentada, anotada y concordada” dirigida por Jorge Rodríguez Mancini y Coordinada por Ana Alejandra Barilaro T. IV, Ed. La Ley – año 2014.

 

COMENTARIO DEL DR. RICARDO A. FOGLIA: Proyecto de reforma a las multas por trabajo no registrado

noviembre 23rd, 2017 Por

COMENTARIO A LAS MODIFICACIONES SOBRE LA REGISTRACION LABORAL DEL ANTEPROYECTO DE REFORMA. REGISTRACION- MULTAS- REGULARIZACION DEL EMPLEO NO REGIST RADO[1]

El anteproyecto de reformas laborales propiciado por el Poder Ejecutivo Nacional contiene importantes reformas al sistema de registración laboral y multas instaurado por las ley 24.013, 15.323 y 25.345.

Son los artículos 17, 18 y 19 de la propuesta.

1°) Modificación del artículo 7 de la Ley 24.013 sobre el concepto de registración laboral y alcance de la misma:

Respecto de que se entiende por relación laboral registrada el artículo 17  del mismo modifica el inciso b) del artículo 7 de la ley 24.013 que define cuando una relación laboral está registrada. Conforme la redacción propuesta es tal aquella que o bien está inscripta en el libro del art. 52 LCT (o la documentación que haga sus veces) o cuando el trabajador  esta, conforme el agregadado, inscripto “En los sistemas simplificados de registro administrados por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS”. El criterio es más amplio que la norma vigente que se refiere, por remisión, a la inscripción en Instituto Nacional de Previsión Social, las cajas de subsidios familiares, la obra social o sistema integral desempleo. Con la nueva redacción a AFIP podrá establecer un  registro simplificado cuya inscripción implica registro.

Una propuesta relevante es que la inscripción  del trabajador en cualquiera de esos registros implica que la relación está registrada y la misma tiene validez “a todos los efectos” y tanto para las partes, terceros y ante la Seguridad Social. De esta manera quedaría sin efecto el criterio del fallo plenario Nro. 323 “Vásquez, Maria Laura c/Telefónica de Argentina SA y otros s/despido”  (30/06/2010) que considero que si la relación laboral no estaba registrada  por la empresa usuaria era una relación clandestina aunque estuviera registrada por la empresa suministradora del trabajador[2].

2°) Modificación de los artículos 8, 9 y 10 de la ley 24.013 y derogación del  artículo 15 de esa ley:

2.1.) Sanciones que establece la ley vigente:

La norma establece una serie de multas y la duplicación de las indemnizaciones por despido para el caso del trabajador incorrectamente registrado intime  al empleador para que modifique la registración defectuosa y este no lo haga. Cabe destacar que conforme el artículo 3 inciso 1  del decreto reglamentario 2725/1992 establece que  para  la procedencia de las multas la intimación por el plazo de 30 días “deberá efectuase estando vigente la elación laboral”.

Conforme el sistema vigente esas multas son a favor del trabajador.

2.2.) Modificación del artículo 8 de la Ley 24.013 sobre la multa en caso de falta de registración:

El artículo 18 del proyecto propone modificar el artículo 8 de la ley 24.013.

Con la redacción presentada las modificaciones al texto son tres y muy relevantes:

  1. Caracteriza, a nuestro juicio correctamente, a la sancione que impone por falta de registración como como multa y no como erróneamente lo hace la norma vigente como indemnizaciones ya que no reparan un daño sino que castigan na conducta que la ley considera desviada.
  2. El monto de la misma es equivalente al 25% del SMVM por cada periodo sin registrar. En la actualidad es del 25% de “las remuneraciones devengadas”. Este cambio importaría una considerable reducción de su importe en la mayoría de los casos.
  3. El destinatario de las multas para a ser la Seguridad Social.

2.3.) Modificación del artículo 9 de la Ley 24.013 sobre la multa en caso haberse consignado una fecha de ingreso posterior a la real:

El artículo 19 del proyecto propone modificar el artículo 8 de la ley 24.013.

Las modificaciones van en igual sentido que la norma precedentemente comentada manteniéndose el criterio que las mismas se aplican sobre el periodo corrido entre la fecha de ingreso falsa y la real fecha de ingreso.

2.4.) Modificación del artículo 10 de la Ley 24.013 sobre la multa en caso haberse consignado una fecha de ingreso posterior a la real:

El artículo 20 del proyecto propone reformar el artículo 8 de la ley 24.013.

Las modificaciones van en igual sentido que la norma precedentemente comentada manteniéndose el criterio que las mismas se aplican sobre el 25% del SMVM vigente en el lapso en que el salario fue mal registrado en perjuicio (de menos) del trabajador.

2.5.) Derogación del incremento indemnizatorios establecido por la ley 24.013:

El artículo 27 del proyecto  propone derogar artículo 15 de la ley 24.013 que establece la duplicación de las indemnizaciones por despido al favor del trabajador no registrado o incorrectamente registrado en lo que hace a la fecha de ingreso o salario y que hubiere intimado sin éxito la regularización de la relación laboral y que hubiere se considerado en situación de despido indirecto por tal razón o que fuere despido sin justa causa por el empleador dentro del plazo de 2 años contados desde la intimación que hubiere realizado.

El anteproyecto comentado propone derogar esta norma

3°) Derogación del incremento indemnizatorios establecido por la ley 25.323:

El artículo 27 del proyecto  propone derogar artículo 1 de la ley 25.323 que establece la duplicación de la indemnización por despido en los casos “…de una relación laboral que al momento del despido no este registrado o lo este de modo deficiente”.

La procedencia de esta multa, a favor del trabajador,  es para aquellos casos en que el mismo no hubiere efectuado la intimación de regularización estando vigente la relación laboral y la misma no se acumula con las multas previstas en los artículos 8, 9, 10 y 15 de la ley 24.013.

4°) Derogación del artículo 45 de la ley 24.345:

El artículo 27 del proyecto  propone derogar artículo 45 de la ley 24.345 que establece una astrainte a cargo del empleador y a favor del trabajador, cuando aquel hubiere retenido aportes con destino a la seguridad social, o aportes y contribuciones periódicas del trabajador provenientes de normas legales o convencionales, y no las hubiere ingresado total o parcialmente dichos importes al momento de extinguirse el contrato de trabajo por cualquier causa. En este caso el empleador deberá pagar una sanción conminatoria mensual “…equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente…” al momento de extinguirse el contrato “…hasta que el empleador acreditare de modo fehaciente haber hecho el ingreso efectivo de los fondos retenidos”.

Dicha sanción conminatoria no impedía las sanciones derivadas de configurase un delito penal.

 

 

[1] Sobre este tema puede verse muestro  comentario “Las indemnizaciones de los arts. 8, 9,10, 11 y 15 de la ley 24013. Requisitos para su procedencia” Trabajo y Seguridad Social.. Nº I – enero 1996 – Ed. El Derecho.

 

 

[2] El fallo plenario dijo textualmente “Cuando de acuerdo con el primer párrafo del artículo 29 L.C.T. se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el artículo 8° de la ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria”.

 

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