Artículo del Dr. Ricardo A. Foglia en La Ley

agosto 26, 2019 | Por Ricardo Foglia

Plataformas digitales Sobre la desconexión y la reconexión cautelar

I. El tema debatido

El tema objeto de la sentencia que motiva este comentario se refiere a si una medida cautelar, dictada in audita parte, que deja sin efecto un bloqueo de acceso a la plataforma digital dispuesto por la empresa y que obliga a esta a permitir que las personas humanas que realizan el transporte puedan continuar haciéndolo, puede ser dictada antes de resolverse si entre las partes mediaba un contrato de trabajo.

II. Antecedentes

Los actores señalan que cumplían tareas de trasporte de mercadería en bicicleta para usuarios que requerían su reparto o entrega a través de la plataforma digital que regula el control del algoritmo de asignación de tareas, en lo que se conoce como trabajo como “a demanda” o “vía app”.

Aducen que, dadas las características, la relación que unía a los actores con la accionada era de naturaleza laboral.

En tal sentido, señalan que la atribuida empleadora ejercía el control unilateral del algoritmo; que estaban sujetos al poder de dirección y control de la empresa; y que por esas tareas percibían una remuneración variable en función de los viajes que realizaban.

Estos mismos actores manifiestan que en el año 2018 fundaron una entidad sindical denominada Asociación del Personal de Plataformas (APP), cuya simple inscripción está en trámite. También eran integrantes de la Comisión Directiva de este ente.

A fines de 2018 les fue bloqueado sin motivo el ingreso a la plataforma, por lo cual no pudieron trabajar más. Consideran que el bloqueo de acceso equivale a un despido sin justa causa y que es antisindical y discriminatorio, vulnerando el art. 1º de la ley 23.592, razón por la cual solicitan una medida cautelar consistente en la desactivación del bloqueo de la aplicación informática y la asignación de tareas.

III. La sentencia de primera instancia

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 37 dispuso la producción de prueba testimonial e informativa al Correo Argentino, a los bancos pagadores y a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.

Con fecha 19/03/2019, in audita parte, resuelve hacer lugar a la medida cautelar consistente en que la demandada “…proceda inmediatamente a desbloquear el acceso a su aplicación informática y móvil (‘Soy Rappi’), mediante sus respectivas identidades digitales (‘ID’)…” y que los actores continúen prestando servicios de lamisma manera en que lo venían haciendo hasta su desvinculación. El plazo que otorgó fue de 24 hs., bajo apercibimiento de aplicar astreintes por $ 3000 por cada día de demora.

Para ello, el pronunciamiento se remite a un fallo emitido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Secretaría Nº 4, que en la causa “Envíos Ya SA y otros c. GCBA s/ amparo” dispuso que todas las personas humanas que presten servicios deberán estar inscriptas en RUTRAMyC y contar con la habilitación exigida por la ley 5226 de dicha jurisdicción.

Como se advierte, el citado se trata de un fallo de otro tribunal no laboral con competencia solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que aplicó una ley de dicha jurisdicción referida a la forma de ofrecer y prestar servicios de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias. Es decir que se refiere a una cuestión diferente a la planteada por los actores.

Pero también cabe señalar que en el consid. IV, por una parte, da por sentado que los actores prestaban servicios “…bajo directiva de la demandada” y, por otra, que lo resuelto no importa “…abrir juicio o sentar posición acerca del fondo de la controversia, y específicamente de la naturaleza del vínculo mantenido entre las partes”.

IV. Las sentencias de la sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

El 05/06/2019 dicho tribunal emitió un primer pronunciamiento referido a la sanción conminatoria aplicada, estableciendo que debía correr desde la fecha de la notificación a la demandada de la sentencia cautelar.

El 19/07/2019 dicho tribunal emitió otra sentencia, dejando sin efecto provisoriamente “…la medida cautelar pedida y todos los actos consecuentes con el dictado de esa medida…”.

La sala, siguiendo una tradicional doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aceptó la competencia para entender en la cuestión, dado que, conforme aquella ha señalado, para fijar la competencia “debe estarse de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, en tanto se adecue a ellos, al derecho invocado como fundamento de la pretensión” (1). Como se expresa en el fallo comentado, ello no implica adelantar el criterio sobre el que oportunamente se resolverá la cuestión.

En cuanto al aspecto central, el fallo expresa, con razón, que previo al dictado de la medida cautelar debe establecerse si entre las partes medió un vínculo laboral dependiente, que es el hecho disparador de la supuesta práctica antisindical que dio lugar a la reinstalación.

El razonamiento es lógico, ya que si no existiera un vínculo de esa naturaleza, no se configuraría una práctica antisindical, ni un despido ni una obligación de dar tareas. La sentencia de grado parte de la base de un hecho no probado ni acreditado y que, dadas las características del caso, exige un proceso judicial con amplitud probatoria y bilateralidad.

A ello cabe agregar otra circunstancia relevante, como es que la medida cautelar solicitada coincide con el fondo de la petición efectuada, con lo cual importa una suerte de adelantamiento de una eventual sentencia sobre un tema sustancial no resuelto.

Por ello la sala deja sin efecto la medida cautelar.

V. Las complejidades del trabajo a través de apps

Uno de los temas que más dudas y opiniones encontradas genera en la actualidad es el del trabajo por intermedio de aplicaciones o plataformas digitales.

La cuestión es intensa, ya que, en el fondo, afecta la noción de la dependencia, tanto en sus alcances como en sus límites y fronteras, tal como, con cierta tranquilidad, se la ha considerado hasta ahora.

Estas nuevas tecnologías, en pleno período de expansión, presentan particularidades que las alejan en cierta medida de las nociones tradicionales de inclusión-exclusión en el plexo tuitivo, como la disponibilidad del tiempo, los poderes de dirección y la propiedad de los medios de trabajo.

La aparición de nuevos procesos económicos que afectan a los sistemas productivos, como así también las nuevas tecnologías, configuran cuestiones a las que debe darse respuesta, en la medida en que continúan existiendo necesidades que cubrir.

Todo ello no ha dejado de impresionar al derecho y, particularmente, al derecho del trabajo.

Al fin y al cabo, resulta de estimar que esta disciplina, la del derecho del trabajo, es una rama de nuestro ordenamiento que ha de absorber o considerar, con más intensidad e inmediatez que otras, las rápidas transformaciones de las condiciones sociales y económicas.

Por lo tanto, es indudable que el colectivo de las personas de autos necesita un sistema de protección, más allá de la calificación jurídica.

En tal sentido, adviértase que el Código Civil y Comercial de la Nación prevé normas tuitivas en los distintos contratos a favor de quien considera la parte más débil económicamente; y que, por otra parte, muchas normas de la Ley de Contrato de Trabajo resultarían inaplicables a esta actividad, posibilidad admitida por el art. 2º, LCT, y que se evidencia en la cantidad de estatutos profesionales específicos que existen.

Con ello queremos señalar que la calificación de laboral o no de la relación es un aspecto; y quizá no el más importante de la problemática. La cuestión relevante, a nuestro criterio, es cómo proteger a quienes la realizan, dadas la complejidad y novedad de estas tecnologías, y propender a una forma de trabajo que genera sustento y trabajo útil en un mundo en el que escasea.

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